Según denuncia Ciudadanos, están entre los 10 que más tardan en la provincia.

El Grupo Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Almería ha comprobado que una decena de ayuntamientos almerienses sobrepasan los cien días a la hora de contestar los requerimientos del Defensor del Pueblo Español, una “tardanza excesiva” en opinión del diputado provincial de Cs en la Diputación de Almería, Roberto Baca. Dichos ayuntamientos son: Almería (PP), Albox (Cilus), Antas (PP), Berja (PP), Cantoria (PSOE), Garrucha (PSOE), Mojácar (PP), Níjar (PSOE-IU), Pechina (PSOE) y Vera (PA).

“O bien estamos ante un problema de dejadez y mala gestión, o lo que es todavía peor, estamos ante un asunto de falta de transparenciay de torpedear, adrede, la labor de control de un organismo como el Defensor del Pueblo Español”, ha afirmado Roberto Baca.

Para el Grupo Provincial de Ciudadanos, especialmente graves resultan los casos de ayuntamientos como Mojácar —el que más tarda, superando los 439 días de media para responder—, Cantoria —en sólo un año pasa de una media de 29,7 días a más de 343—, Pechina, donde superan los 230 días, o Berja, que ha duplicado su tardanza en el último año, pasando de una media de 60 días, a los 119,2 actuales.

Igualmente, Roberto Baca ha advertido sobre la tardanza de otros ayuntamientos que, si bien no llegar a superar los cien días para contestar, sí se acercan a ese límite. Así ocurre con los consistorios de Cuevas del Almanzora (95,22 días), Olula del Río (74,5) o Rioja (82,48), así como Vícar y Purchena, ambas superando los 73,5 días.

“Esto es intolerable dada la importancia del trabajo que realiza el Defensor del Pueblo, uno de los garantes de la Constitución española, y por ende, de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, ha trasladado Roberto Baca, quien ha subrayado que el Defensor del Pueblo viene recordando estos últimos años todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución, remitiéndole la información solicitada. “En caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución”, ha sentenciado.