Marugán cree necesario abordar de forma “rápida y radical” la derogación del apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención

El Defensor del Pueblo ha recomendado la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores en todo el territorio nacional, para lo que sugiere la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, detalla que ha formulado estas recomendaciones al Ministerio de Justicia, a la ciudad autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía.

Marugán cree necesario abordar de forma “rápida y radical” la derogación del apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención en estos lugares.

Para el Defensor del Pueblo, “la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.

Recuerda además que ya en 2017 publicó una “Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas” en la que pedía que se evitaran las reducciones a través de acciones potencialmente lesivas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado y formado para ello.

En este sentido, destaca que en los últimos tres años han muerto dos jóvenes en Melilla y Almería tras ser sometidos a una contención mecánica, hechos que Fernández Marugán asegura que no se pueden volver a repetir.

El Defensor apunta a que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia y aboga por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.