El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Amós García ha alertado del daño al turismo y a la agricultura de la provincia que puede provocar la sanción económica que la UE ha interpuesto a España por “el incumplimiento en el tratamiento de las aguas residuales urbanas” ya que más de la mitad de los entes de depuración que incumplen se encuentran en Andalucía, concentrando así la mayor parte de la responsabilidad que puede a su vez derivar en mayores perjuicios económicos.

En la Comisión de Asuntos Europeos del Paramento Andaluz, Amós García explicó que desde el 2007 la Junta de Andalucía ha ido asumiendo una serie de compromisos en cuanto a la calidad de aguas en Andalucía, sobre todo por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que desde el año 2000 establecían un marco comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas, a fin de prevenir y reducir su contaminación, con el objetivo temporal para el año 2015 de conseguir el “buen estado ecológico de todas las aguas europeas”.

Según el parlamentario del PP los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía, 18 años después de la recomendación europea, se han incumplido ya que la previsión de infraestructuras previstas para su consecución no han sido ejecutadas, a pesar que desde el año 2007 el Gobierno Andaluz cobra a todos los ciudadanos un canon de mejora en el recibo del agua destinado de forma exclusiva para financiar estas infraestructuras. Además, explica que según la Cámara de Cuentas, la recaudación de dicho canon está en entredicho por la desviación detectada de más de 300 millones de euros a cierre de 2017.

García Hueso ha preguntado al Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, “cuánto nos va a costar a los andaluces esa sanción, cómo se va a pagar, y qué fecha tiene prevista de cumplimiento de la directiva ya que mientras se mantenga el incumplimiento actual el Tribunal de Justicia condena a multas de 11 millones de euros por cada semestre de retraso”.

Asimismo le ha solicitado que cumpla con Europa y con los andaluces ya que además de la sanción económica que ya tenemos y la posible sanción semestral mientras dure el incumplimiento, nos enfrentamos al riesgo de dañar el turismo ya que estos datos aparecen en informes y revistas especializadas, y estando el resto de Europa muy sensibilizado en este tema pueden considerar un perjuicio para paisaje, playas o incluso para su salud. Y en esta línea, también le ha transmitido al Consejero la posibilidad del daño a la agricultura, por la incertidumbre en la exportación de productos hortofrutícolas donde nuestra provincia supone un importante motor económico que sustenta nuestra mayor tasa de empleo y en general de desarrollo económico y empresarial de la provincia.

Finalmente, Amós García ha señalado al Consejero de Medio Ambiente y a la Junta de Andalucía que una adecuada gestión evita este tipo de sanciones y además dota de estabilidad a la economía de la provincia.