Tras los últimos dos años de lucha para tratar de terminar de regularizar las viviendas que fueron construidas ilegalmente y posteriormente vendidas a inocentes compradores, sitas en el Valle del Almanzora, he llegado al convencimiento de que la administración autonómica no tiene voluntad para terminar de resolver este problema a corto plazo y de manera eficaz – pese a los pasos importantes que dio inicialmente.

El problema es que en la reforma de la LOUA de 2016 se dejó fuera de la regularización a miles de viviendas en el Valle del Almanzora, y quizás a cientos de miles de viviendas en Andalucía. Ya advertimos de ello en su momento. En esta reforma se permitió a viviendas irregulares en parcelaciones, es decir grupos de viviendas, a acceder a servicios y a escrituración, pero se creó una subespecie de parcelación que fue llamada “asentamiento”, que quedó fuera de la reforma. A estas viviendas en asentamientos, se las condena a una travesía por el planeamiento municipal, pues según la administración autonómica, estas viviendas tienen que ser convertidas en suelo urbano en el plan general.

Se dice que no hay que premiar a los infractores, y que éstos tienen que contribuir a las cargas urbanísticas de planeamiento, y que estas casas tienen que integrarse en la malla urbana del núcleo municipal. Sonará bien para el no iniciado, pero en la práctica esta actitud resulta lesiva. Por este sistema, el promotor que ha construido y vendido las viviendas irregulares a terceros, y que se ha quedado con suelo en el asentamiento (algo habitual), resulta agraciado con nuevo suelo urbano, multiplicándose el valor este suelo. No solo eso, sino que los compradores de estas viviendas se ven abocados a tener que pagar un gran parte de los costes de urbanización que debería haber pagado el promotor. Es más, al integrarse el asentamiento en la malla urbana, el suelo entre el asentamiento y el núcleo municipal se ve habitualmente reclasificado en suelo urbanizable, posiblemente premiando nuevamente al promotor si resulta ser el dueño de este suelo. Todo ello aparte del hecho de que algún constructor tendrá que construir los sistemas generales y ser pagado por ello.

En contraste, lo único que propugnamos nosotros es un mínimo de sensatez – no una amnistía-, pues los que amnistían a los infractores son otros. Nosotros solamente pedimos un mínimo de reconocimiento para las viviendas irregulares que la administración ha permitido se construyan y se vendiesen a terceros inocentes, para que puedan acceder a servicios y a escrituración mediante lo que se llama un AFO. Al fin y al cabo, lo que se ha permitido y ya no se puede tirar, hay que regularizarlo, minimizando su impacto medioambiental, y lo antes posible. Esto de la misma forma que ya ocurre con parcelaciones, pues no hay real diferencia entre unas casas y otras.

Y no se dejen llevar a engaño, un AFO no es una legalización, no es ni mucho menos una licencia de primera ocupación. Darles un AFO a estas viviendas no es ningún privilegio, pues, entre otras cosas, tienen que pasar un filtro medioambiental en el proceso de concesión del AFO, y tendrán que pagar los costes y tasas necesarias para acceder al AFO. En contraste el efecto del sistema ideado por la administración imperante, y que quiere mantener, es el de multiplicar el efecto de la irregularidad sobre el medioambiente, con nuevo suelo y nuevas casas, y premiar a los infractores a los que se le permitió construir estas casas, lo que es poco sensato, y nada justo.