Las obras de pavimentación de la rambla de Albox, llevadas a cabo entre los meses de julio y septiembre del año pasado han sido declaradas ilegales, por lo que la Delegación Territorial de Almería dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sancionado al Ayuntamiento de Albox, promotor de esta obras, con una sanción de 6.010,12€ y la obligación de restituir la rambla a su estado anterior, lo que implica la demolición del hormigonado utilizado para la construcción de un aparcamiento.

Las obras en cuestión, son aquellas en las que en el pleno del mes de abril de este año, el alcalde Francisco Torrecillas ante las preguntas del líder de la oposición, el Popular Juan Pedro Pérez Quiles acerca de la licencia para obrar en esa zona cuya jurisdicción es de Aguas Andalucía, contestó “para que voy a pedir licencia si no me la van a dar”, admitiendo de esta manera la ilegalidad de las obras.

Concretamente y según se desprende del informe de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, se han pavimentado “sin autorización”, 5.800 metros cuadrados mediante una solera de hormigón de un espesor medio de 10 centímetros. “Unos 50 camiones de hormigón según la declaración ante la presencia de la Guardia Civil del encargado de la obra”.

Este mismo escrito, consultado por La Comarca, “confirma en todos sus términos el procedimiento sancionador”, que incluye una multa de 6.010,12 euros y la restitución del terreno a su estado natural, cuyo coste ha valorado la Delegación de Medio Ambiente en 80.584,81 euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Albox, en caso de que no proceda hacerlo de forma voluntaria.

La irregularidad de esta obra podría alcanzar un coste de cerca de 150.000 euros que afecta a los bolsillos de los vecinos, ya que a estos 86.000 euros, hay que sumarles los costes de construcción que para las arcas municipales ha supuesto una obra ilegal que ahora hay que demoler.

Mientras se da el plazo de un mes para que el Ayuntamiento de Albox actúe y restituya la rambla a su estado anterior, estos hechos están siendo investigados por la fiscalía provincial de Almería ya que podrían ser constitutivos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, que podrían conllevar aparejadas penas de inhabilitación y prisión para el responsable de los presuntos delitos.