Le acusan de delito continuado de prevaricación administrativa.

Ha sido citado por el Juzgado Nº3 de Huércal Overa, este próximo 5 de febrero a las 11 horas. 

El socialismo de Albox, no está atravesando su mejor momento. Ni le acompañó el último resultado electoral, ni se detienen los procesos judiciales en el que están inmersos dirigentes y ex dirigentes partidarios, dos de ellos han sido alcaldes del municipio en recientes legislaturas.

Hace unos días anunciábamos en este mismo medio,  la celebración de un juicio contra Rogelio Mena Segura, por un presunto delito de malversación de fondos, que se celebrará el 22 de febrero. Viajes, comidas y una vida dispensada a cargo de los contribuyentes, serán juzgadas ante varios testigos que deberán prestar declaración. Para Rogelio Mena, el Ministerio Público interesa 18 meses de cárcel y 11 años de inhabilitación especial para cargo público, además del pago de una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros.

Ahora es su predecesor, José García Navarro, quien el martes 5 de febrero a las 11 horas, deberá presentarse citado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº3 de Huércal Overa, acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa, donde también están citados a declarar hasta 14 testigos.

García Navarro, fue alcalde de Albox entre los meses de julio de 2007 y enero de 2013, “en esos años y en su condición de alcalde, con conocimiento de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico, suscribió en nombre del ente local, numerosos contratos de trabajo de duración determinada sin seguir procedimiento alguno y sin justificar las causas por las que recurría a la contratación laboral temporal ni las que determinaban la elección de esas personas en particular, haciendo prevalecer de este modo su propia voluntad sobre los intereses generales”, según el escrito al que ha tenido acceso La Comarca.

“Con este proceder el acusado realizó hasta diez contrataciones, sin atender a criterios de necesidad, mérito y capacidad”, sostiene la Fiscalía Provincial de Almería .

Pese a la naturaleza temporal de los contratos, -algunos suscritos en el mes de julio de 2007-, a fecha 17/05/2018, continúan en activo los trabajadores beneficiados.

Para la Fiscalía, estamos frente a un posible delito continuado de prevaricación administrativa, por el que se solicitan 10 años de inhabilitación especial para empelo o cargo público.