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Gerardo Vázquez (con el micrófono), abogado de AUAN

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el martes del Decreto para la regularización de viviendas ilegales, un problema que se cifra en más de 12.000 casas en la comarca del Almanzora. Gerardo Vázquez es el abogado de la Plataforma AUAN que aglutina a gran parte de los afectados. Con él, analizamos el alcance de este decreto en la provincia de Almería.

La Comarca. En primer lugar preguntarle su valoración. La Junta de Andalucía dice que se podrán legalizar el 90% de las casas. ¿Coincide usted con esta valoración después de conocer el Decreto?

Gerardo Vázquez. No puedo coincidir con esa valoración. Ese decreto en mi opinión, lo que establece es un reglamento, los reglamentos por su naturaleza no pueden cambiar la legislación básica de la cual dependen, en este caso la LOUA, lo único que pueden hacer es matizar la LOUA. Lo que en un principio es ilegal según la LOUA, es ilegal según el decreto. De hecho, según la versión del decreto que yo tengo, con fecha del 7 de diciembre de 2011, en el preámbulo dice cuando habla de las viviendas en régimen asimilado fuera de ordenación, en primer lugar, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad. Es cierto que se pueden ver algunos avances en este decreto en cuanto a que pueden facilitar la incorporación de ciertos asentamientos, de ciertas agrupaciones o urbanizaciones clandestinas irregulares al planeamiento municipal y da claridad a ese proceso de incorporación, yo creo que eso es bueno, pero de ahí a decir que se van a regularizar el 90% de las casas, hay una brecha muy grande.

L. C. ¿Cree usted que algunas de esas figuras de las que habla el decreto podrían dejar a esas casas en un limbo?

G. V. Así es, es mi opinión, las viviendas que se clasifiquen en el régimen de asimilado fuera de ordenación, según el decreto no pueden tener licencia de primera ocupación. En un principio tienen que contar con sus propios servicios de agua y luz de forma autónoma y el decreto dice que solo excepcionalmente, pueden pedir el enganche a la infraestructura general, obviamente costeando ellos lo que esto implica. Pero eso realmente ya es el caso en la actualidad; tienen una casa en el campo y pueden poner sus placas solares, puedo llenar el depósito del agua con un camión que me la traiga. Eso de que excepcionalmente pueden conectar, habría que mirar que es eso de excepcionalmente, no lo tengo claro y veo algo de discreción del ayuntamiento y eso quizás no sea bueno, debía ser más claro.

L. C. El decreto establece varias vías para la regularización o reconocimiento de estas construcciones que se han realizado en los últimos años, ¿Cuáles serían esos supuestos?

G. V. Los que más interesan a esta zona son tres. En primer lugar, las viviendas construidas sin licencia que no cumplen con la legalidad urbanística subyacente, pero que ha caducado el plazo de la administración para actuar contra esas viviendas, la idea es que esas viviendas sean designadas como el régimen de asimilado fuera de ordenación. El otro grupo sería el de los asentamientos de varias casas; en este caso esas casas es posible que estos asentamientos se incorporen en los planeamientos municipales si están cerca de la malla urbana, o cerca del núcleo, en este caso el decreto prevé su incorporación en el tiempo. Y el tercer caso serían las viviendas en núcleos históricos o rurales, en este caso se les llama Hábitat Rural Diseminado.

L. C. Aquellas viviendas que tengan un proceso judicial abierto, que son muchas en la provincia, ¿van a poder acogerse también a este decreto?

G. V. Según entiendo yo, si tienen un proceso en curso, difícilmente van a poder acogerse al régimen de asimilado fuera de ordenación. Si son parte de un asentamiento, yo creo igualmente que el procedimiento judicial es un procedimiento independiente de que se incorpore esa casa al planeamiento urbanístico; lo que pasa es que esa casa no se legaliza según el decreto hasta que esté toda la urbanización hecha, sea recepcionado por el ayuntamiento y se haya regularizado totalmente ese asentamiento porque es un procedimiento muy largo en el tiempo y la justicia mientras tanto sigue su curso. Es posible alegar ante el tribunal que es un sin sentido tirar esa casa dado que se va a regularizar y creo que sería de justicia que se aplicase, pero no hay ningunas garantías.

L. C. En cuanto a la dotación de servicios, ¿van a ser los propietarios los que tengan que hacerse cargo de los costes?

G. V. Eso lo dice claramente el decreto, si. Dice que son los propietarios los que tienen que asumir ese coste. Yo creo que los propietarios en un principio están de acuerdo con eso, lo que pasa es que si les pide, por poner un ejemplo no muy alejado de la realidad, veinte o treinta mil euros, a lo mejor no tienen ese dinero o a lo mejor no lo tienen en su totalidad y habría que articular mecanismos de pago o ayudas, porque si no, se condena a esas urbanizaciones al abandono, algo que ya está ocurriendo; muchos ingleses se están yendo de la comarca y están abandonando sus casas.

L. C. En cuanto a los ayuntamientos ¿es imprescindible que tengan sus planes generales aprobados para poder aplicarse el decreto en su término municipal?

G. V. Entiendo que se puede establecer la distinción de estas clases de viviendas mediante un avance del PGOU, es decir en principio no hace falta que tengan el plan general aprobado.

L. C. Los afectados hablan de una proceso, el que se abre ahora muy largo, ¿de cuanto tiempos estaríamos hablando para que estas casas pudieran cambiar su situación?

G. V. Para ser realista, indefinido. Si sigue el entorno económico actual que nadie sabe cuando va a terminar esta crisis que estamos sufriendo, quién va a costear estas obras de urbanización o el planeamiento, aparte de que el proceso en sí mismo es muy lento, requiere muchos pasos, mucha información pública y muchos informes. Yo creo que muchos británicos, la mayoría de ellos jubilados, pueden morir antes de que se regularice su casa. Estamos hablando de más de diez años posiblemente.

L. C.¿Cree que este decreto aprobado esta semana por la Junta de Andalucía va a ser la solución a este problema?

G. V. Yo creo que la solución pasa por un cambio de la ley básica que es la LOUA, ya que como he dicho al principio esto es un reglamento y no puede cambiar la ley básica; en un principio algo que es ilegal sigue siendo ilegal, este decreto no cambia el carácter de estas viviendas. Esto no es un decreto de punto y final, en mi opinión hace falta un cambio normativo sustancial básico. Este decreto tiene cosas buenas, pero no es ni mucho menos la solución y para la gran mayoría de las casas, no cambia su situación.

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