Este próximo viernes a las 19:15 horas en Fines, AUAN espera poder reunirse con Pablo Casado, para trasladarle la visión de los afectados por viviendas irregulares, un problema que afecta, no solo al Valle del Almanzora, sino a la Comunidad Autónoma de Andalucía en general. De hecho, en una reciente asamblea, AUAN decidió expandir su ámbito al resto de Andalucía, y cambiar su denominación a “Abusos Urbanísticos Andalucía – ¡No!”.
En la reunión que han solicitado, también estará representada la Coordinadora nacional pro-justicia en el urbanismo (CAJU), en la persona de su portavoz, Gerardo Vázquez. Asimismo, Gerardo Vázquez adelanta que informará de la reunión a la Confederación andaluza por la legalización urbanística (CALU).
Según los afectados, el sistema urbanístico andaluz ha fallado y prueba de ello es la existencia de unas 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, lo que afectaría a unas 300.000 familias, y a un millón de personas. Y esto representaría, según indican, una inversión de decenas de miles de millones de euros. Los afectados se quejan de que la gran mayoría de estas casas llevan décadas sin solución, lo que supone una tortura moral y psicológica para estas familias.
para la presidenta del colectivo Maura Hillen; “dado que todas estas casas no se pueden tirar, hay que darles una salida en la medida de lo posible, para que las viviendas puedan acceder a unos servicios mínimos, lo que es un derecho social básico, y para que puedan escriturarse y entrar en el tráfico jurídico. De hecho, muchas de estas viviendas no cuentan con agua potable. En vez de ello, se las ignora, consignándolas a un limbo jurídico, como si no existiesen, no se aplican medidas medioambientales a las mismas, y muchas de ellas vierten sus residuos sin control, lo que tampoco es sensato. Esto lleva muchos años así, incluso en algunos casos varias décadas. Tras unos cambios legislativos que han ayudado a alguna gente, pero que deja la gran mayoría sin solución, la Junta considera que estos problemas se deben resolver en el planeamiento municipal, pero dicho planteamiento se ha mostrado notoriamente ineficaz, con los múltiples PGOUs en Chiclana, por ejemplo”.
En cuanto a los residentes europeos, declara Hillen que “lo que les está pasando a los residentes europeos es un síntoma de este descontrol. Se les han tirado sus casas – 5 de ellas en Almería; 4 familias siguen esperando a que alguien les indemnice (en Cantoría), y otra familia, los Sres. Prior (en Vera), recibieron sólo una fracción de lo que valía su casa tras la demolición de la misma y 10 años de pleitos. Se amenaza con más derribos (en Albox). Ninguna familia sabía al adquirirla que su casa era irregular. En el Senado se logró un cambio legislativo para tratar de proteger a estos compradores de buena fe en un futuro, pero el TS ha dejado el cambio casi sin efectividad y la Junta de Andalucía sigue insistiendo en que se demuelan viviendas.”
Pillen explica que, “hay municipios donde cientos de residentes europeos viven en casas que aparentan ser legales pero que en muchos casos la licencia fue impugnada por la Junta, sin que los británicos supiesen de esta impugnación y sin que hayan podido defenderse. Estas casas siguen en un limbo jurídico. Muchos otros británicos se ven atrapados en un sistema urbanístico kafkiano sin poder escriturar sus casas, viendo cómo el suelo en donde se sitúan sus casas se llena de embargos, corriendo el riesgo de que estas se vendan en subasta pública a terceros.”
A través de AUAN los afectados propusieron una enmienda a la LOUA, para tratar de dar una mínima seguridad jurídica a las viviendas irregulares, facilitando su acceso a servicios adecuados y escrituración, algo que pudo haber beneficiado a muchas de las 300.000 viviendas irregulares en Andalucía. La enmienda fue presentada por el PP en el Parlamento andaluz con el apoyo de Ciudadanos, pero fue rechazada por el PSOE. Según los afectados, esta enmienda estaba encaminada a dar una solución básica e interina a las casas, como cuestión de sensatez; pero el PSOE considera el tema “complejo”, lo que los afectados interpretan como una falta de voluntad política, y el PSOE tampoco ofrece soluciones alternativas.
Los residentes europeos pidieron una reunión con Susana Díaz para hablar de estas cuestiones, pero ésta no les ha recibido, pese a las visitas recientes de la Presidenta a la provincia de Almeria, en algún caso estando a escasos metros de las casas irregulares. Sin embargo, los líderes andaluces del PP y de Ciudadanos sí han recibido a los afectados.
Por todo ello, los afectados agradecen la oportunidad de poder trasladar sus inquietudes al líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, en la reunión que esperan tendrá lugar este próximo viernes 25 en el municipio de Fines.