La presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), integrada principalmente por ciudadanos de origen británico, Maura Hillen, ha pedido una reunión con la presidenta Susana Díaz para abordar el “limbo jurídico” en el que se encuentran propietarios de viviendas en asentamientos.

La carta, consultada por Efe y remitida además a los líderes del resto de partidos con representación en el Parlamento andaluz, reclama “medidas urgentes” para estos “ciudadanos británicos y de otras nacionalidades que han adquirido de buena fe de viviendas que resultaron irregulares”.

La intención de Hillen y de AUAN en general es trasladar a Díaz y el resto de líderes políticos andaluces el “gran desasosiego que sufren” los miembros de este colectivo y poder abordar “posibles soluciones a la lamentable situación de los mismos”.

“Como sabrá, nuestra asociación representa a una multitud de compradores, en su mayoría extranjeros, que adquirieron una casa en esta comunidad autónoma, para poder pasar en ella los últimos años de su vida con tranquilidad, pero con tan mala fortuna, que lo que adquirieron fue una vivienda ilegal”, expone.

Hillen subraya que tras un “arduo trabajo” de AUAN y otras asociaciones y gracias a al “sensatez” de los legisladores, parte de sus socios han podido regularizar su situación.

“Pero aún queda por hacer. Ya advertimos de ello tras la última reforma en el año 2016. Esta permitió la regularización de viviendas en agrupaciones de casas irregulares llamadas “parcelaciones”, pero por alguna razón dejó fuera a otras agrupaciones en muy similares circunstancias, que fueron llamadas asentamientos”, dice.

Considera esta “distinción innecesaria” y “perjudicial” ya que a las viviendas en parcelaciones “se les permite obtener un certificado llamado “AFO”, mientras que otras viviendas similares sufren una discriminación innecesaria al no permitirles dicho reconocimiento”.

Apunta que dicho AFO permitiría escriturar estas viviendas para que “entrasen en el tráfico jurídico, que pagasen sus impuestos, que se tomasen medidas para paliar sus efectos en el medioambiente, que pudiesen acceder a servicios, y que se pudiesen usar con algo de normalidad, lo que incluso facilitaría su futura legalización”.

Sin embargo, Hillen mantiene que a las viviendas de los “asentamientos” se las ignora y condena “a un limbo jurídico” con la esperanza de encontrar una solución a través del planeamiento de los municipios en los que se encuentran, cuando este “camino” es “en el mejor de los casos, largo y tortuoso”.

“Nosotros no somos contrarios al planeamiento, al revés, no entendemos cómo pueden existir tan gran multitud de viviendas irregulares en esta comunidad autónoma. Y nosotros somos tan víctimas del fallo en el planeamiento y en la disciplina urbanística, como es víctima el medioambiente”, afirma.

Por ello, ante este “problema social”, exige una solución “inmediata” porque “no es sensato” tener a personas “atrapadas en sus viviendas” sin poder venderlas o poder regresar a su país, especialmente cuando, señala, la mayoría ronda ahora “los 75 años de media”.

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