El pasado 3 de marzo, la Audiencia Provincial de Almería dictó la sentencia 86/17 la cual establece en su fallo que: CONDENAMOS al acusado, José Pérez Pérez, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para los cargos de Alcalde, Teniente de Alcalde, Concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito insular, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena. Asimismo, lo condenamos al pago de un tercio de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular en esa proporción.

Que ABSOLVEMOS al acusado, José Pérez Pérez, de los delitos de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, declarando de oficio las dos terceras partes de las costas procesales.

Por este motivo, y aunque el fallo ha sido recurrido, según confirma José Pérez Pérez a La Comarca, en su normativa interna el PSOE establece en la llamada Declaración de Valencia fechada el 5 de noviembre de 2014, que se procederá a la “Suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados. Durante el período de suspensión pasará a desempeñar sus funciones quien ocupe el siguiente lugar en la candidatura”. 
Consultado a este respecto, Pérez también ha confirmado a este periódico que ha solicitado al partido socialista la “suspensión cautelar de militancia”, hasta que se resuelva definitivamente su situación judicial. Mientras tanto, Pérez, que a día de hoy conserva su escaño en el Pleno de Oria, lo hace en calidad de concejal No Adscrito.

Recordemos que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha considerado probado que el ex alcalde de Oria, José Pérez Pérez (PSOE) ha actuado en distintas contrataciones y adjudicaciones “haciendo prevalecer su voluntad sobre los intereses generales”. El ministerio público considera probado que el edil ha intervenido en diferentes contrataciones “con conocimiento de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico”.