Los casos investigados han disminuido respecto años anteriores.

La Jefatura Provincial en Almería de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha finalizado la campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos de Almería, correspondiente al año 2019-2020, con un total de 96 casos denunciados.

La campaña se inició a finales del mes junio y se ha desarrollado dentro del marco de colaboración institucional entre la Delegación Territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Almería y la Jefatura Provincial de la Unidad Adscrita con sede en esta provincia.

Así, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, ha investigado un total de 96 casos denunciados de posibles empadronamientos fraudulentos en domicilios de Almería para la obtención de una plaza en centros educativos públicos o privados concertados de la capital.

Los casos investigados en este 2019 han disminuido respecto a los años 2018, 2017 y 2016, donde se realizaron pesquisas sobre un total de 168, 130 y 216 casos de presuntos empadronamientos fraudulentos, respectivamente. 

De los 96 casos investigados en Almería, la mayoría corresponden a colegios de la capital, tales como la “Compañía de María” o el “CEIP Ginés Morata”. También hay denuncias correspondiente a otros municipios como Roquetas de Mar, El Ejido o Adra, donde se han investigado casos del colegio “Portocarrero”, el CDP “Divina Infantina o el CEIP “San Fernando”. 

De todos las denuncias investigados se ha podido determinar que en 36 de ellas hay indicios razonables para su consideración como domicilio fraudulento, ya que éste no se corresponde al domicilio real de los padres, tutores o representantes legales de los alumnos matriculados.

El procedimiento de empadronamiento fraudulento más frecuente es situar como domicilio habitual el de los abuelos de los menores o el de otros familiares, fundamentalmente tíos o incluso amistades de los padres de los escolares.

Con estas actuaciones desarrolladas por la Policía Adscrita se pretende evitar el grave perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos no pueden obtener una plaza en el centro educativo que les corresponde por su residencia, dado que algunas de estas plazas educativas son ocupadas por menores cuyos padres o madres han falseado los datos reales de empadronamiento con el objeto de que sus hijos puedan estudiar en un centro distinto al que les corresponde por residencia.Los informes realizados se han remitido a las Delegación Territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que es quien en última instancia concluirá con una resolución sobre la admisión o no del alumno en el colegio correspondiente.