Desde el pasado 28 de diciembre, la Asociación de Desarrollo Rural del Almanzora cuenta con un administrador judicial, motivado “por la mala gestión que se viene llevando a cabo en el organismo”, que según a quien se le pregunte, tiene en la actualidad una deuda que va de los 900.000 euros al 1,2 millones.

“No podemos saber ni siquiera cuál es la deuda real porque nadie pone las cuentas sobre la mesa”, aseguraba a La Comarca hace unos días el alcalde de Alcóntar y presidente de la Mancomunidad de Municipios Antonio Ramón Salas.

Lo cierto es que la justicia ha acordado la administración judicial de la ADR, responsabilidad que desde el pasado 28 de diciembre, ostenta Alejandro Ramón Díaz García, pero “es lo que conocemos porque defacto está ejerciendo, no porque el presidente haya convocado a una asamblea para comunicarnos la situación”, deslizan alcaldes del Partido Popular.

Así las cosas, nadie entiende por qué está sangría no se ha parado a tiempo y se ha permitido que se haga una bola, tal y como reconoce el técnico Luis Miguel Sánchez, quien le ha ganado un juicio al organismo y al que hay que pagarle 100.000 euros, según sentencia del 19 de octubre de 2016.

Uno como otros entienden que la situación “solo ha favorecido al ex gerente de la ADR, ex alcalde de Vera y cuñado del actual presidente del organismo, quien se ha jubilado con todos los honores”, insisten.