La semana empezaba con la noticia de tribunales. La citación como investigados por parte del Juzgado de Instrucción único de Purchena del alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual y al concejal de Almería, entonces Diputado, Miguel Ángel Castellón. En lo que se refiere al primer edil, será citado a declarar por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de dos obras y un contrato de arrendamiento, en las que podría haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y tráfico de influencias. Castellón también habría sido citado, por su supuesta participación durante su etapa como diputado provincial, en la adjudicación de uno de los contratos de obra para la mejora de eficiencia energética a la mercantil Obras Servicios Públicos SA (Osepsa).

Se trata de la causa penal abierta a raíz de una denuncia interpuesta ante la fiscalía por el grupo socialista en Olula del Río en 2015.

Los dos implicados no han ocultado su sorpresa ante la filtración de la noticia, “sin ni siquiera tener conocimiento del auto, ni constancia alguna de citación” afirmaba Pascual en la mañana del lunes a La Comarca Noticias. “hay que ser prudentes. Confío en la justicia y en poder demostrar que en Olula del Río hemos trabajado conforme a ley. Desconozco los pormenores de lo que se me acusa y por eso mañana mismo acudiré con mi abogado al juzgado de Purchena para informarme y ponerme a disposición de la investigación” añade el alcalde de Olula del Río.

Miguel Ángel Castellón por su parte, cree que se le investiga por error; “un escrito de la Diputación fue sustraído del expediente aportado por el PSOE al juzgado”.

El juez cita a declarar al concejal del Ayuntamiento de Almería, “por ser la persona que presuntamente elaboró el documento apartando de la adjudicación al resto de empresas licitadoras”. Una circunstancia que Castellón se ha apresurado a desmentir, “nunca ha estado en mi poder, jamás lo he visto y ni siquiera conozco de su existencia, como del resto que componen ese expediente”, ha afirmado a través de un comunicado de prensa acompañado de numerosa documentación.

En la misma línea ha informado que como diputado provincial dirigió un escrito al Ayuntamiento de Olula en el que le comunicaba la imposibilidad de atender la petición municipal de emisión de informes sobre dicho asunto por el elevado volumen de trabajo en los servicios técnicos del área. El escrito, según ha revelado, consta en el expediente administrativo del Ayuntamiento de Olula, aunque “en la documentación aportada por el PSOE a la Fiscalía fue sustraído deliberadamente”. Por este motivo, y al considerar que ha sido víctima de “un error” que ha llevado a que sea investigado, ha señalado que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra los concejales socialistas olulenses “ante la gravedad de los hechos”.

El Juzgado ha abierto, junto a la anterior, otras dos piezas separadas contra el alcalde de Olula. Una de ellas se refiere a la ejecución de la rotonda del Rosquero y el Carretillero, con cargo a los planes provinciales de la Diputación Provincial de Almería por parte de la mercantil Olumafi SL “con carácter previo a la adjudicación de la obra a la referida mercantil”.

Por último, el alcalde de Olula también es investigado por el contrato de alquiler del merendero del Pinatar, (de propiedad municipal), con un particular “con dictámenes contrarios tanto del secretario como del interventor municipal”, según denunció el PSOE.