Otro capítulo judicial se está escribiendo en el municipio de Partaloa, toda vez que a pesar de que hace más de 10 meses existe una condena en firme que inhabilita a Antonio Peñuela y Enrique Montalvo, -números 1 y 2 del municipio respectivamente-, a 7 años de inhabilitación para empleo y cargo público por prevaricación administrativa, nadie ha comunicado al Pleno la situación del regidor que se presentó a las elecciones representando a ADEPART, una agrupación de vecinos formada una vez que Peñuela se dio de baja en el PSOE provincial.

La oposición del partido Andalucista desde entonces ha ampliado las denuncias por entender que el Ayuntamiento desde el verano pasado está fuera de todo control jurídico y económico. A esta situación se suma ahora, otro revés judicial para Peñuela (quien hasta el momento ha tratado de eludir el cumplimiento de la condena). La justicia ha desestimado la suspensión de la pena (oficialmente comunicado a las partes el pasado 20 de febrero), y la solicitud de la Guardia Civil a la Policía Municipal por orden del juez, para determinar quien es la persona que actualmente rige el destino del municipio.

Según fuentes a las que ha accedido La Comarca Noticias, la Policía Local de Partaloa tiene tres días para presentar el informe, aunque la realidad es que aun no se ha convocado al Pleno que nombre a un nuevo alcalde, por lo que se entiende que Peñuela sigue al mando en el municipio.

Esto, a pesar de las reiteradas solicitudes de la oposición que lleva meses intentándolo, mientras el alcalde para evitar la notificación ya ha cesado a tres secretarios municipales.

Así las cosas y a riesgo que Fiscalía solicite formalmente la detención de Peñuela, por entender que el edil se estaría declarando en rebeldía, los representantes legales de la oposición entienden que se estarían cometiendo otros hechos delictivos, como una posible malversación de caudales públicos (no se puede funcionar sin la figura de un Secretario Interventor)

La estrategia del regidor de cesar a un Secretario Interventor que le ha costado una inhabilitación de siete años, luego siguió con el cese de dos secretarios más, con la clara intención de que el primero “no diera parte de posibles irregularidades urbanísticas” y los segundos “no llevaran a Pleno la sentencia en firme que inhabilita a Peñuela, con la clara intención de burlar el cumplimiento de la ley”, aseguran las fuentes consultadas.