La Mesa del Agua de Almería reclamó ayer en Madrid que el Gobierno de España establezca con carácter de urgencia un precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada con destino a riego, tal y como recoge la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018 de 6 de marzo por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía. Dicha disposición adicional, en vigor desde el pasado 7 de marzo, recoge textualmente que “el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30 euros por metro cúbico”.

Durante su participación en el almuerzo-coloquio “¿Puede el agua vertebrar España?”, celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, recalcó la necesidad de que el Ministerio de Agricultura ponga cuanto antes a disposición de la sociedad estatal Acuamed la dotación económica necesaria para que la rebaja del precio del agua desalada sea una realidad antes del final del verano, coincidiendo con el arranque en Almería de la campaña agrícola 2018/19.

“La disposición adicional cuarta no especifica en qué tramo de la cadena de distribución del agua desalada hay que aplicar el precio de 30 céntimos, pero lo más justo es que sean las comunidades de regantes las que paguen los 30 céntimos por metro cúbico al recibir el agua procedente de la planta desaladora”, matizó Fernández Maldonado.

Durante su intervención, Fernández Maldonado anunció que la Mesa del Agua de Almería ha enviado una petición por escrito a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Generales para recabar su apoyo. “Todos los grupos que votaron en marzo a favor de la ley de medidas urgentes contra la sequía no pueden quedarse ahora al margen, sino arrimar el hombro en defensa de los regantes y lograr que el Gobierno haga realidad lo que recoge por escrito dicha ley, porque las leyes son para cumplirlas y no para que queden en papel mojado”.

Andalucía no tiene que decretar sequía

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, confirmó ayer en el Parlamento Andaluz que para rebajar el precio del agua desalada “no hace falta la declaración formal de sequía, sino la constatación de la misma por parte del gobierno andaluz”. La respuesta de Fiscal, motivada por una pregunta de la parlamentaria almeriense de Cs Marta Bosquet, deja claro que toda la responsabilidad para rebajar el precio del agua desalada es del Gobierno central “a quien le toca mover ficha para cumplir con lo que recoge la Ley de la Sequía”, según Fernández Maldonado.

La Mesa del Agua considera que la aplicación de la disposición adicional cuarta es imprescindible para dar respuesta a la sequía estructural que padece la provincia de Almería, donde la desalación es actualmente la opción técnica más segura junto con la incorporación de las aguas depuradas. “Después de meses de debate parlamentario para aprobar la rebaja del agua desalada, los regantes almerienses no podemos seguir en la lista de espera por tiempo indefinido y es responsabilidad del Gobierno cumplir con lo que dice la ley”, insistió el portavoz de la Mesa del Agua de Almería durante el coloquio que ha contado con la participación de la Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, y del Consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martinez Arroyo, entre otros invitados.

Pagar el agua de riego

El portavoz de la Mesa del Agua de Almería aprovechó su intervención de ayer en el Club Siglo XXI para recordar que “el agua es un bien público y no pertenece a nadie, pero hay que pagar el agua de riego que se consume y es muy importante que todas las comunidades de regantes de España instalen contadores”.

Además, Fernández Maldonado defendió el mantenimiento de la pujante agricultura del sureste español. “En Almería tenemos condiciones para hacer una agricultura sostenible y competitiva, con bajas emisiones de CO2 y con capacidad para producir sin calefacción frutas y hortalizas frescas durante todo el año. No podemos renunciar a los trasvases, usamos el agua que les sobra a otros y además pagamos por ella”.