Este viernes desde La Comarca Noticias, accedíamos a la sentencia que condena a 23 personas a distintas penas de prisión, multas y e importantes condenas de inhabilitación para funcionarios, técnicos y políticos del Ayuntamiento de Zurgena entre los que se encuentra el ex alcalde del Partido Andalucista, Cándido Trabalón, a quien la justicia entre otras cosas, ha condenado a 6 años y 6 meses de prisión.

La sentencia consta de 130 páginas donde han quedado reflejadas las conclusiones obtenidas en un proceso que cumple 10 años, desde aquella espectacular intervención no solo en Zurgena, sino también en localidades vecinas como las de Albox, lugar de residencia otros implicados en la trama.

Según consta en la sentencia 226/17 de la Audiencia Provincial fechada el 30 de junio, en Zurgena existía la intención de permitir construir (se han llegado a conceder licencias para la construcción de 1.500 viviendas) casas ante la alta demanda existente, destinadas básicamente a su venta a ciudadanos británicos.

En una primera instancia, los informes desfavorables del arquitecto de la Diputación, contradecían este deseo, razón por la cual el alcalde decidió contratar un técnico que desde ese momento comenzó a informar favorablemente en cuanto a los lugares donde antes no, pero ahora si, se podía construir.

El técnico (condenado a 1 año y 6 meses de prisión que se sustituyó por multa de 2 euros diarios), siempre según explica la sentencia, llegó a cumplir con el doble e incompatible rol, de ser la persona que emitía informes favorables como técnico municipal y luego, en algunos casos, era también el director de las obras a las que informaba favorablemente según ha quedado demostrado.

Para emitir esos informes favorables “estimando que la parcela reunía las condiciones de la LOUA, cuando sabia que no era cierto”, se pensó en fórmulas diversas.

Una de ellas era la de informar favorablemente para mejora o ampliación de servicios; aunque ha quedado demostrado que a los promotores se les “exigía” primero, antes de solicitar la licencia, que urbanizaran y dotaran de servicios aquellos terrenos rústicos donde se pretendiera construir. Una vez puestos los servicios, llegaba el momento de la solicitud bajo la apariencia de que allí donde se iba a construir, alguien alguna vez, había llevado las mejoras; una argucia técnica de difícil digestión judicial. Por ello, según fuentes del caso, “en Zurgena pueden verse calles que no llevan a ningún lado y farolas perdidas en el medio del campo”.

Numerosos testigos declararon la exigencia del Ayuntamiento de urbanizar antes de construir, si bien no otorgaban licencia de urbanización pues de lo contrario se evidenciaría la naturaleza del suelo, acudiendo al subterfugio de “licencias de mejora de servicios” o “movimientos de tierra”.

 

Otra de las formas ideadas por la corporación municipal para otorgar licencias donde estaba prohibido construir, era la del silencio administrativo, algo que también ha quedado demostrado y para lo que era necesaria la cooperación de la secretaria municipal, quien ha reconocido los hechos.

Para la justicia ha quedado acreditado que la secretaria del Ayuntamiento, firmaba junto con el alcalde un denominado “certificado”, con idéntico texto en contenido y redacción en todos los expedientes en el que además de afirmar que había trascurrido el plazo de tres meses desde la solicitud de licencia sin que se hubiera producido notificación de resolución alguna ni positiva ni negativa, concluía resolviendo que “En cuando a los efectos generados por la ausencia expresa de Resolución el silencio será positivo, art° 172,5 de la Ley 7/2.002”.

 

Contenido textual de la sentencia sobre la actuación de los condenados

Los acusados CÁNDIDO TRABALÓN FERNÁNDEZ, alcalde de Zurgena, y MANUEL TIJERAS CRUZ, concejal de urbanismo, estaban decididos a conceder licencias de obras para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable el término municipal de Zurgena y como quiera que tenían conocimiento de que los informes que emitirían los arquitectos técnicos de la Diputación en virtud del servicio de asistencia jurídica a los municipios serían contrarios a la concesión de las licencias por ser contrarias a la legalidad urbanística, decidieron contratar un técnico por el Ayuntamiento que elaborara los informes técnicos en sentido favorable a las licencias aún cuando aquellas fueran contrarias a la normativa vigente.

Para intentar dar una apariencia de legalidad a las licencias los acusados CÁNDIDO TRABALÓN FERNÁNDEZ, MANUEL TIJERAS CRUZ y C.B.F. a quien habían contratado como técnico, decidieron usar el subterfugio de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando aquél contara con servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. Como realmente el suelo donde se proyectaba construir y se solicitaba las licencias carecía de aquellos servicios los acusados CÁNDIDO TRABALÓN FERNÁNDEZ y MANUEL TIJERAS CRUZ indicaban a los promotores que antes o al solicitar la licencia para la edificación procedieran a realizar obras de urbanización para dotar de aquellos servicios sin ningún tipo de licencia para ello. De este modo eran los promotores de las edificaciones quienes adquirían un terreno no urbanizable que carecía de cualquier servicio urbanístico, ellos mismos procedían a realizar las obras de urbanización para intentar dotar el terreno de servicios urbanísticos en la mayoría de las veces incompletos y en otras de ninguno. Así se llevaría a cabo una trasformación de la naturaleza del suelo vulnerando la normativa urbanística realizándose sin la cobertura de ningún instrumento de planeamiento urbanístico, se efectuarían obras de urbanización sin las necesarias licencias y no permitidas legalmente y no se efectuarían a favor del municipio las cesiones de suelo ni de aprovechamiento urbanístico que establece la Ley. Como quiera que el acusado CÁNDIDO TRABALÓN FERNÁNDEZ tenía conocimiento que las licencias de obras solicitadas no se ajustaban a la legalidad, decidió que se aprobara la concesión de las licencias por el Pleno de la Corporación, a pesar de que tal facultad de otorgamiento de licencia de obras es propia del alcalde.