Según la Fiscalía, adjudicó tres fases de las obras “sabiendo” que “era contraria a derecho”

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar diez años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Macael, Juan Pastor por haber efectuado supuestas contrataciones de obras municipales para un centro municipal, una sala de usos múltiples y una zona turística “prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido”.

Según el escrito de la Fiscalía, mediante el cual pide el sobreseimiento de otros dos investigados, considera que el exalcalde adjudicó tres fases de las obras de ampliación y reforma del Centro Municipal de Bienestar Social a una empresa “sabiendo” que su actuación “era contraria a derecho”.

En esta línea, el fiscal apunta que el exprimer edil, “con absoluto desprecio hacia la legislación administrativa”, propició la adjudicación de la primera y tercera fase de las obras “prescindiendo de un mínimo expediente de contratación”, de modo que no se redactó pliego de cláusulas administrativas ni se aprobó la separata del proyecto así como tampoco se conformó una mesa de contratación, entre otras cuestiones habituales en los procedimientos municipales. Del mismo modo, en relación a la segunda fase de obras que conllevaba un importe de 276.388,77 euros, el Ayuntamiento realizó una “contratación directa del contrato” de manera “verbal” sin expediente de contratación.

La empresa elegida por el regidor fue la misma a la que posteriormente también adjudicó la segunda y tercera fase del equipo municipal de usos múltiples “sabiendo que su resolución de ordenar de tal forma para la determinación y contratación de las obras era contraria a derecho”.

La Fiscalía apunta que el exalcalde siguió un método similar para efectuar las obras de iluminación y puestas en valor turístico del Cerro Ocará de Macael, que también prescindieron de un procedimiento reglado. Estas obras, que tuvieron lugar entre 2007 y 2008, se contrataron a través de una “actuación arbitraria de adjudicación directa”, según sostiene el Ministerio Público.”Con su caprichoso quehacer el acusado vulneró los principios de igualdad, no discriminación, libre concurrencia y publicidad que ha de presidir la contratación pública, lo cual culminó con el injusto resultado de excluir eventuales competidores para la contratación y los beneficios que esa competencia podía reportar para la administración”, añade la Fiscalía.

El Ministerio Público interesa de cara a la vista oral la declaración como testigos al actual alcalde de Macael, Raúl Martínez, y al exdiputado provincial y actual director económico del Área Sanitaria Norte, Guillermo Casquet, entre otros.