La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha estimado el recurso de apelación que interpusieron los afectados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 4 de Almería, que sí bien condenó al técnico C.D.B.F. por un delito de prevaricación, entendió que los daños reclamados eran consecuencia de un delito contra la ordenación del territorio por el que fueron absueltos los promotores de las viviendas, y no del delito de prevaricación “al tratarse este de un delito de mera actividad”.

Según el escrito judicial, el día 3 de diciembre de 2004, la mercantil New Medina Villas S.L. , solicitó al Ayuntamiento de Zurgena la concesión de licencia de obra para la construcción de 94 viviendas en el paraje los Cabrearas de este municipio del Bajo Almanzora.

Según la sentencia 314/17 consultada por La Comarca, la Secretaria del consistorio y el técnico municipal los días 20 y 21 de diciembre del mismo año, emitieron un informe favorable; “por ello la empresa, confiando en la legalidad de la licencia comenzó la construcción del complejo”.

El 5 de julio de 2006, la obra fue paralizada en cumplimiento del auto del juzgado Nº 2 de Huércal Overa. “El terreno sobre el que se construía está clasificado como no urbanizable y por tanto, las construcciones proyectadas eran no autorizables”.

 

En el fallo se condenó al técnico C.D.B.F. como responsable de un delito de prevaricación, a una pena de 6 meses de multa, a razón de 2 euros diarios hasta un total de 360 euros; fallo que fue recurrido en tiempo y forma por los afectados.

Por ello, en su resolución 314/17 de fecha 30 de junio de 2017, el tribunal indica que “no” puede “estar de acuerdo con esa conclusión jurídica” y sostiene que “sin el informe técnico favorable ilícitamente emitido” por el arquitecto municipal “no se hubiese comenzado la construcción de la obra, ni se hubiesen suscrito los contratos de compraventa, ni hubiesen desembolsado los compradores las cantidades reclamadas por haber sido satisfechas y no recuperadas, lo que no se discute, para la adquisición de unas viviendas que no llegaron a construirse”. “Como consecuencia de su conducta, penalmente sancionada, los recurrentes han sufrido un perjuicio económico ya que emitió un informe favorable a la concesión de licencia de obras solicitada pese a conocer que la catalogación de suelo como no urbanizable, lo que impedía la construcción de viviendas, y en base a ese informe los miembros de la corporación municipal votaron a favor en el pleno celebrado el 3 de enero de 2005”, subraya el fallo, contra el que no cabe recurso.

La acusación particular insiste en que los perjudicados deben ser indemnizados por el acusado, debiendo condenarse también a éste por los perjuicios sufridos, condenando como responsable subsidiario al Ayuntamiento de Zurgena, para el que trabajaba el acusado como asesor técnico en materia urbanística.

Las cantidades devengarán el interés legalmente previsto en la LEC hasta su completo pago, oscilan entre los 60.000 euros y los 106.000 euros.