Desde finales del mes de enero, los 4.300 Letrados de la Administración de Justicia están en huelga indefinida. Sin llegar hasta el momento a una solución tras varias horas de negociación que han quedado en nada, «desde la Asociación Española de Consumidores entendemos que se está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas».
«Desde ASESCON entendemos el malestar de estos trabajadores de la Administración de Justicia que tienen funciones esenciales en los procedimientos judiciales ya que éstos reparten el trabajo de la Oficina Judicial. Por tanto, asumen la responsabilidad de los servicios administrativos de la oficina y se encarga de la puesta en marcha de los procedimientos: admiten a trámite las demandas y, además, son los encargados de preparar las actuaciones y desarrollar el procedimiento judicial hasta que se dicta sentencia y, también, de los trámites para su ejecución. Además, entre sus funciones se encuentra la de fe pública judicial, es decir, que dejan constancia de la realización de actos procesales ante los tribunales, así como la colaboración con otros órganos y administraciones, como la Administración Tributaria».
Los convocantes de la huelga reivindican al Ministerio de Justicia que se adecúen sus salarios a su condición de grupo A1 y a las 300 funciones que asumieron con la reforma de la ley de 2009. Además, demandan un marco de negociación colectiva propio donde las asociaciones profesionales puedan ejercer un papel más protagonista. Y, finalmente se solicita que se incluyan las particularidades de este colectivo en el Régimen de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia ya que son ellos quienes acuden a los registros relacionados con los delincuentes junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En base a ello, dada que son reivindicaciones justificadas sobradamente, «pedimos al Ministerio de Justicia que trabaje para dar solución a este grave problema para los ciudadanos que son usuarios de la Justicia y que ven que sus procedimientos están siendo dilatados en el tiempo más de lo que ya lo estaban. Hay que tener en cuenta que uno de los graves problemas de este país es el que representan los retrasos en la Justicia».
