Imagen de agentes de la UCO en la puerta de entrada del parking de Diputación.
La intervención de la Unidad Central Operativa en el día de ayer acabó la jornada con diez registros y siete detenciones, entre las que se encuentran la del presidente de la Diputación Provincial, el vice presidente de la institución y el alcalde de Fines.
El operativo se ha llevado a cabo bajo la supervisión del Teniente Coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, órgano que acapara las distintas informaciones que en estos tiempos ocupan espacios destacados en la prensa nacional, lo que evidencia la importancia de la operación llevada a cabo este martes en la provincia.
Los registros acabaron muy entrada la tarde y hasta el momento ha trascendido que este jueves los detenidos prestarán declaración ante la justicia.
El primer foco de actuación se situó en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo de la capital. Durante el registro, que se prolongó durante horas, Javier Aureliano García y Fernando Giménez estuvieron presentes acompañando a los agentes. A continuación, la UCO registró el Servicio de Infraestructura Urbana, dependencias vinculadas a las funciones del técnico detenido, quien sería hermano de un ex alcalde de la comarca del Almanzora. Asimismo se realizaron registros en domicilios particulares, oficinas de Fines y sedes de empresas, con incautación de documentación física, expedientes electrónicos, dispositivos informáticos y teléfonos móviles, aunque los funcionarios del Ayuntamiento de Fines se enteraron por la difusión nacional de la noticias, lo que estaba ocurriendo en su municipio.
La instructora ha autorizado el volcado completo de datos de una pieza que se desprendería del Caso Mascarillas y que alcanzaría a la adjudicación de contratos de obra pública.
Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que el auto judicial aprecia “sospechas fundadas” de hechos que podrían encajar en delitos de «cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales». Según el documento judicial, los investigados “habrían facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” y parte de los fondos “podría haberse canalizado al tráfico económico legal”.
El TSJA señaló además que, siempre según el auto, algunos de los detenidos “no intervinieron en la adjudicación inicial, sino en la canalización de los fondos investigados”. Para evitar movimientos patrimoniales, la instructora ha ordenado “bloqueos de cuentas, prohibición de disponer de bienes inmuebles y requerimientos a entidades bancarias”.