El ex alcalde de Albox será el último en declarar el próximo miércoles.
«Hice un carril, hice otro y después lo terminé…. Que voy a pedir autorización, sino me la van a dar. Igual que un día me levantaré y haré un carril enfrente… Si Medio Ambiente quiere llevarme a la Fiscalía, pues pa´lante, o sino que vengan ellos y lo quiten ellos, yo no lo voy a quitar, como usted comprenderá», aseguraba Francisco Torrecillas entonces alcalde de Albox, ante preguntas de la oposición en el Pleno llevado a cabo el 15 de marzo de 2018.
Caso Rambla II: Siete años después y luego de posponerse el juicio alegando el principal acusado motivos de salud, comenzó este lunes la toma de declaraciones a una veintena de personas que acabará el miércoles, y donde Torrecillas, ha pedido de su defensa, será el último en declarar.
Siete personal entre trabajadores, funcionarios, políticos y fuerzas de seguridad, declararon la mañana de este lunes ante los magistrados Luis Miguel Columna, Jesús Martínez y Soledad Balaguer.
La defensa de Torrecillas, encabezada por el letrado Santiago Torres, ha presentado un escrito al que ha tenido acceso La Comarca Noticias, en el que solicita la nulidad de diligencias claves del procedimiento y pidió la libre absolución de su representado, alegando indefensión, obras menores sin daño ni dolo económico y una acusación de malversación que ha sufrido modificaciones tras la reforma del Código Penal en el año 2022.
El caso Rambla II gira en torno a unas obras de pavimentación realizadas en la rambla del municipio, realizadas sin autorización previa, que han sido cuestionadas por el Ministerio Fiscal al considerarlas presuntamente ilegales, por los que se acusa a Torrecillas y Campoy de cometer los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos y atentado contra la ordenación del territorio.
Por su parte, la fiscal ha rechazado que se haya producido vulneración alguna del derecho de defensa, subrayando que la declaración de Torrecillas como investigado tuvo lugar el 28 de marzo de 2019, dentro del plazo legal, y que las declaraciones de otros investigados se acordaron mediante providencia el 16 de junio de 2020, también dentro del período de instrucción ampliado. En cuanto a la malversación, ha defendido que la nueva redacción del tipo penal no impide perseguir estas conductas, ya que basta con que se haya dado un destino distinto al previsto legalmente para los fondos públicos, sin que sea necesario que el acusado obtenga un beneficio personal.
A pesar de todo lo anterior, los magistrados Luis Miguel Columna, Jesús Martínez y Soledad Balaguer no se pronunciarán sobre estas cuestiones hasta que dicten la correspondiente sentencia.
El exconcejal de Obras Públicas, José Campoy, que ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Francisco Torres, ha asegurado que los contratos fueron propuestos por Torrecillas en un periodo en el que únicamente ellos dos formaban parte del gobierno local (Los demás concejales nos dejaron solos aseguró Campoy), de forma que él se limitaba a firmar «automáticamente» con su teléfono móvil lo que le entregaban, aunque sin «entender» qué es lo que hacía.
El acusado ha apuntado así que él supo que la obra para pavimentar la rambla carecía de licencia de la Junta de Andalucía cuando le preguntaron al alcalde en un pleno (15 de marzo de 2018), donde «dijo que no la había pedido porque no se la iban a dar». «Después del pleno me dijo que no me preocupara, que había documentación para aportar porque era legal».
Por su parte el exinterventor municipal ha explicado que su labor se limitó a verificar la existencia de una partida adecuada para realizar las obras propuestas conforme a contratos menores, que no exigen de fiscalización previa, toda vez que ha señalado que desconocía el contenido de la obra a desarrollar en sí al no ser parte de sus competencias, según ha asegurado.
Este martes continúan las declaraciones y así hasta el próximo miércoles 23 de abril.