El fiscal ya ha solicitado la apertura de juicio oral para una familia propietaria de una vivienda en el municipio de Fines, quienes en septiembre del año pasado, solicitaron la baja del medidor de agua, a pesar de que no se adeudaba ninguna factura de suministro.
El escrito de acusación al que ha accedido La Comarca Noticias, solicita la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal respecto de P.M.M. y J.F.A., en base a las siguientes conclusiones provisionales: “el 4 de octubre de 2019, la acusada arrendó una vivienda de la que es propietaria en la calle Real De Fines, por el término de un año, prorrogable por plazos anuales, hasta cumplir un máximo de 5 años”.
“En el mes de septiembre de 2022 la acusada como propietaria y su marido como titular del contrato de suministro de agua, de mutuo acuerdo y con la intención de que la perjudicada abandonara la vivienda arrendada y de impedir el legítimo derecho de disfrutar de su contrato de arrendamiento, dieron de baja el contrato de suministro de agua de dicha vivienda y retiraron el contador de agua”.
“Si bien existía un proceso de desalojo por impago, el cabeza de familia, afectado por un problema de corazón, ha estado de baja, por lo que la justicia detuvo el desalojo, apoyándose en los informes de los servicios comunitarios que entienden que estamos frente a una familia de especial vulnerabilidad con dos hijos menores de 7 y 3 años respectivamente”, asegura el abogado de la acusación, Juan Antonio Avellaneda.
El fiscal entiende que los hechos relatados integran un delito coacciones en la modalidad de impedir el legítimo disfrute de la vivienda y solicita imponer a los acusados 20 meses de multa a razón de 10 euros por día, más costas, frente a los dos años de prisión que solicita la acusación particular “dada la gravedad de la coacción”, además de 3.000 euros de indemnización por daños morales.