“Hoy ha sido un día triste para los derechos de los ciudadanos”. Con esta frase el portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No, Gerardo Vázquez, resumía el sentimiento del colectivo británico que lucha por dotar de seguridad jurídica a miles de viviendas en Andalucía, después que Podemos, Izquierda Unida y PSOE, votaran en contra de la enmienda presentada por el partido Popular y apoyada por Ciudadanos en el Pleno del Parlamento Andaluz.

Para Vázquez, quienes han votado en contra de la propuesta que fue impulsada por los diferentes colectivos afectados (cuenta con el apoyo de la Confederación Andaluza de asociaciones y federaciones de afectados que representa a unas 40.000 familias que viven en Andalucía), “han evitado incorporar siete palabras que hubieran solucionado la problemática que sufren miles de familias”.

La enmienda podría que beneficiar a 150.000 residentes y suponía añadir una nueva disposición final para modificar el artículo 183.3 de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA). Según Vázquez en nuestra comarca, “Zurgena tiene 1500 viviendas, y en Albanchez y Cantoria hay centenares de casas que se han convertido en una prisión para sus propietarios, que no cuentan con un mínimo de seguridad jurídica”.

Sin embargo, el representante legal de AUAN asegura que, “seguiremos luchando porque tarde o temprano debe prevalecer la sensatez”.

Juanma Moreno (PP) se compromete a solucionar el problema de las viviendas fuera de ordenación

Los afectados pudieron reunirse este miércoles con el responsable del partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno. Desde el PP han enviado un comunicado de prensa que reproducimos a continuación:

• El presidente del PP Andaluz se ha reunido con afectados de varias provincias después de que el PSOE haya tumbado una propuesta del PP para poder iniciar el trámite a la regularización
• Se trataba de una enmienda presentada a la Ley de medidas frente al Cambio Climático que se ha debatido y votado esta tarde en el Pleno del Parlamento de Andalucía
26 de septiembre 2018.- El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, se ha comprometido hoy a que, si resulta elegido presidente de la Junta, modificará las normativas y leyes necesarias para solucionar el problema de las viviendas fuera de ordenación en la comunidad, que afectan a unas 250.000 familias.
“Me comprometo a solucionar una situación que afecta a familias que quieren vivir con normalidad y tranquilidad, me comprometo a modificar las normas y leyes necesarias para que tengan una segunda oportunidad y puedan vivir sin un problema con el que algunas familias llevan 30 años peleando y pleiteando”.
Juanma Moreno hizo estas declaraciones durante el encuentro que ha mantenido esta tarde en el Parlamento con representantes de asociaciones de afectados por esta situación, como AUAN y Alcances, de la zona del Almanzora en Almería; COAVE, de El Puerto de Santa María; SOJA, de la Axarquía malagueña; y Carmona, en la provincia de Sevilla.
La reunión se ha producido después de que el PSOE rechazara una propuesta del PP para poder iniciar el trámite a la regularización de estas viviendas. La iniciativa se había presentado como una enmienda a la Ley de Medidas frente al Cambio Climático, que se ha debatido y votado esta tarde en el Pleno del Parlamento de Andalucía.
El Partido Popular consiguió introducir esta enmienda a petición de las asociaciones de afectados y de los Alcaldes de esos municipios.
La Junta de Andalucía, que es la competente en disciplina urbanística lleva 16 años sin reconocer este problema. Desde que se aprobó la LOTA (Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía), esta norma se ha modificado hasta en 12 ocasiones. La LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), con la modificación aprobada en abril de este año, ha sufrido también 12 modificaciones.
Esta amalgama normativa ha provocado una gran inseguridad jurídica, y además no ha conseguido resolver la situación de estas familias.
Con el rechazo a la enmienda presentada por el PP el PSOE además da la espalda a los alcaldes y carga sobre ellos, por la pésima gestión urbanística de la Junta, el no poder dar servicios básicos a sus ciudadanos por carecer de una norma que los ampare.