Esta mañana el diario digital El Confidencial, publicaba que el Gobierno de la nación ha planteado un conflicto de competencias respecto al decreto de regularización de viviendas irregulares aprobado por la Junta de Andalucía. Es el paso previo a tumbar el decreto si en los próximos meses no se llega a un pacto y se modifican los artículos en liza. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han llegado a un acuerdo en la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para resolver las controversias señaladas desde el Gobierno central.
Las negociaciones tienen el objetivo de resolver las discrepancias sobre un total de 10 artículos (2, 3, 10 a 15, 20, 24 y disposición final primera) del decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz. Esto supone casi la mitad del texto articulado aprobado. El Estado plantea conflictos sobre asuntos clave como las viviendas ilegales de antes de 1975, aquellas que han adquirido categoría de asimilado fuera de ordenación (están en el limbo legal) o los planes especiales que deben desarrollarse para legalizar urbanizaciones o conjuntos de viviendas fuera de la ley.
AUAN no entiende la actitud del Gobierno: «Anular el decreto sería terrible»
Gerardo Vázquez, letrado asesor de AUAN y portavoz de la Coordinadora Nacional Pro Justicia en el Urbanismo asegura que “sería terrible si el gobierno de España llegase a impugnar el Decreto-ley ante el TC, como parece podría ser el caso. No es sólo una cuestión medioambiental; es que estamos hablando de los derechos más básicos de las personas, un derecho a un hogar, a un domicilio y a una vivienda; y esas son cuestiones reales, y no papeles. No sólo es el medioambiente, es la vida de las personas. Por favor, seamos sensatos y actuemos todos para resolver los problemas urgentemente.”
Para Vázquez “el decreto ley de regularización fue aprobado con el voto a favor de todos los partidos, incluyendo el PSOE, (exceptuando solamente Adelante Andalucía), y ahora el gobierno central en funciones impugna el Decreto-ley. Creo que será un malentendido. Pedimos la ayuda de todos los partidos para que hagan ver al gobierno lo terrible que sería anular el Decreto-ley de regularización. De hecho, yo confío en que echen un cable a los afectados y que el gobierno recapacite”, aseguró el letrado.
La Consejería de Fomento defiende que «el Decreto no invade competencias«
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio defiende que el decreto ley de viviendas irregulares no invade competencias estatales y así se argumentará ante el Gobierno central en una próxima reunión bilateral. Se trata de un decreto ley que tiene el aval jurídico de la Junta de Andalucía.
Este decreto ley fue convalidado en el Parlamento andaluz por PP, PSOE, Cs y VOX y ha sido refrendado con mociones en varios ayuntamientos gobernados por PSOE e IU. Con esto se quiere señalar, que cuenta con un amplio consenso político.
«Este decreto pone fin a un galimatías urbanístico que afecta a 300.000 viviendas, unas 55.000 en Almería con soluciones pioneras y mediambientalmente sostenibles. Estamos dando seguridad y certidumbre a un problema que había que abordar», afirmaron desde la Junta de Andalucía ante el requerimiento de La Comarca Noticias.