En el próximo recibo de la basura, los vecinos de las comarcas del Almanzora, los Vélez y el Levante tendrán que pagar un aumento del 30 por ciento, lo que traducido en cifras, significa que se pasará de pagar un recibo de 39,90 euros a 51,40.
Las razones son públicas y tienen alcance nacional, ya que este aumento se producirá en todo el país, producto de una ley, la 7/2022 de 8 de abril sobre suelos contaminantes, aprobada hace algo más de un año, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, en cumplimiento de una normativa impuesta por la Unión Europea.
Solo hace falta entrar en internet y buscar “impuestazo de Pedro Sánchez a la basura”, para que comiencen a aparecer las diferentes ciudades o provincias en todo el país, lugares donde el aumento puede alcanzar al 100 por ciento de lo que se paga en la actualidad.
Salamanca, Ciudad Real, Córdoba o Granada, son solo algunos ejemplos que rápidamente se pueden constatar, a pesar que algunos se empeñen en responsabilizar a consorcios o municipios locales.
Lo cierto es que es que la Ley 7/2022 es de alcance estatal y está basada en una normativa europea basada en la idea de que “quien contamina paga”, ley que regula el impuesto a los vertederos, transporte y depósitos de residuos. La presión tributaria recaerá de este modo sobre todos los vecinos, ya que si bien “el que contamina paga”, va a pagar lo mismo el que recicla que el que no, o el que genere más basura o menos basura.
La situación en nuestra zona
El presidente del Consorcio Almanzora- Levante-Vélez y alcalde del municipio de Olula del Río, Antonio Pascual, explica detalladamente la situación.
En primer lugar, asegura Martínez Pascual, la ley dice que el servicio por la recogida de residuos, lo tiene que pagar el vecino. Muy bien, el precio de la tasa se calcula en función del coste del servicio. Nosotros (el Consorcio) hemos realizado un estudio de costes, llevado a cabo por la Universidad de Granada, que nos arrojó como dato principal que el coste del servicio en el año 2022, era de 18 millones de euros. Ahora bien, para cumplir la ley de residuos promulgada por el gobierno de Pedro Sánchez y cumplir con todas las obligaciones en ella recogidas, en 2024, el coste del servicio de recogida y tratamiento de de basura, se eleva a 23.5 millones de euros, es decir, 5,5 millones más.
El presidente del Consorcio asegura que “se aprobó en asamblea un incremento que se hará efectivo ahora (se verá en el próximo recibo), producto de la Ley 7/2022 acerca de los residuos y suelos contaminados, ley promulgada por el gobierno de España en 2022.
Esto implica la aplicación de un impuesto sobre algo que ya se paga en el recibo actual, porque incluye el tratamiento, recogida e impuesto por depósito en vertedero de aquellos residuos que no se pueden reciclar. Pues bien, la Ley 7/2022 de obligado cumplimiento, nos obliga a pagar 30 euros por tonelada, lo que se traduce en dos millones de euros anuales que se cargan a las arcas del consorcio.
La misma ley, continúa Martínez Pascual, nos obliga también a una recogida independiente de materia orgánica, que implica la inminente incorporación de los contenedores marrones, acción que tiene un coste anual de un millón y medio de euros.
A esto hay que sumarle el IPC, que como cualquier contrato, actualiza las tarifas que pagamos a la concesionaria. Pues este año (2023), el IPC ronda el 5,7 por ciento, producto del aumento del coste de vida de los españoles. Todos sabemos lo que ha subido el aceite, el pan o la gasolina, y ese también es un problema del gobierno nacional, incapaz de contener la escalada inflacionaria. Lo cierto es que la actualización del IPC, implica una subida de otros dos millones de euros.
«Implantar el contenedor de orgánica, tiene un coste de 500.000 euros. De ahí sale el desfase de los 5,5 millones de euros que de manera obligatoria repercute en los bolsillos de los vecinos», finaliza el presidente del Consorcio Almanzora, Levante, Vélez.