El secretario general de Universidades reclama al Gobierno que elimine este texto, que no cuenta con el beneplácito de la comunidad universitaria.

Más de 600 estudiantes de Almería al año podrían dejar de percibir prácticas externas curriculares si sigue adelante el borrador del Estatuto de Becario propuesto por el Gobierno de España. Así lo ha denunciado el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, durante su visita al Servicio de Empleo de la Universidad de Almería.

En este sentido, Herrera ha asegurado que la nueva normativa planteada por el Ministerio de Trabajo “pone en peligro” este tipo de cualificación práctica, con la que “se facilita la adquisición de una enseñanza integral, ya que su formación académica se complementa con la experiencia obtenida en un entorno profesional”, ha matizado.

El secretario general de Universidades ha destacado que anualmente la Universidad de Almería, que es la que gestiona las prácticas extracurriculares de casi la totalidad de las universidades andaluzas a través del programa ICARO, da cobertura a más de 600 estudiantes que reciben una beca remunerada para realizar prácticas en empresas.

Ante esto, en palabras de Herrera, “desde la Junta de Andalucía reclamamos que este borrador del Estatuto del Becario no vea la luz, ya que no garantiza la remuneración y la calidad de las prácticas académicas y no cuenta con el visto bueno de la comunidad universitaria”.

Además, a su juicio, supondrá un perjuicio directo al estudiantado, que no podrá realizar sus prácticas si no es mediante un contrato de formación, gestionado por su propia cuenta por la Universidad, “como actualmente sucede”. “Las prácticas externas curriculares son actividades formativas que permiten al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo”, ha detallado.

El borrador del Estatuto del Becario no cuenta con el beneplácito ni de los rectores, ni de los estudiantes, por lo que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación pide que este texto “se negocie con la comunidad universitaria; las empresas, que acogen a los estudiantes en prácticas, y las comunidades autónomas, que son las que al final gestionan este tipo de iniciativas”.

En ese contexto, Herrera se ha mostrado preocupado por el impacto negativo que las futuras exigencias apuntadas por el Gobierno central tendrán en el tejido empresarial, teniendo en cuenta que se contempla la posibilidad de que los jóvenes puedan cotizar a la Seguridad Social. A juicio del secretario general de Universidades, “eso puede desincentivar a las empresas a continuar con este tipo de formación”. Así, ha añadido que se trataría, por tanto, de “una doble exigencia económica”, ya que las empresas y organismos tienen que remunerar a estos jóvenes por el periodo en el que realizan las prácticas y que cumple con lo exigido por la legislación vigente”, ha apostillado.

Por último, Ramón Herrera ha subrayado que “dichas prácticas externas tienen un carácter exclusivamente formativo y no implican, en ningún caso, una relación laboral”. Por tanto, ha matizado, “no tienen sentido” las limitaciones que plantea el Ministerio de Trabajo. Las empresas –ha dicho– son grandes aliadas de las universidades y las prácticas extracurriculares son “una oportunidad para desarrollar habilidades y no una vía de explotación laboral”, ha concluido.