Pascual: «La subida de la tasa de la basura es una ley estatal promulgada por Pedro Sánchez»

Desde el Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, insisten en que la subida afecta a todos los consorcios del país.

El presidente del Consorcio Almanzora- Levante-Vélez, organismo que nuclea a 45 municipios de estas tres comarcas para el servicio de recogida de basura, ha respondido a través de nota de prensa, a los alcaldes del PSOE “quienes pretenden sacar tajada política, de una subida impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez”.

“Lo que dicen los representantes socialistas en el consorcio, es cierto, va a haber una subida del 30 por ciento. Pero lo que no dicen, es que es una subida impuesta por el gobierno de la nación, luego de promulgar la Ley 7/2022, hace algo más de un año, bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

Ante la mala fe con la que obran los representantes del PSOE en el consorcio, quiero explicar de manera clara, de dónde proviene ese aumento en los recibos.

En primer lugar, la ley dice que el servicio por la recogida de residuos, la tiene que pagar el vecino. El precio de la tasa se calcula en función del coste del servicio. El estudio de costes, realizado por la Universidad de Granada, nos arrojó como dato principal, que el coste del servicio en el año 2022, era de 18 millones de euros, pero para cumplir la ley promulgada por el  gobierno de Pedro Sánchez, en 2024, el coste del servicio de recogida de basura, se eleva a 23.5 millones de euros, es decir, 5,5 millones más que en estos momentos.

Martínez Pascual aseguró que “se aprobó un incremento que se hará efectivo el próximo año, producto de la Ley 7/2022 acerca de los residuos y suelos contaminados, ley promulgada por el gobierno de España el año pasado. Esto implica la aplicación de un impuesto sobre algo que ya se paga en el recibo actual, porque incluye el tratamiento,  recogida y depósito en vertedero, de aquellos residuos que no se pueden reciclar. Pues bien, la Ley 7/2022 de obligado cumplimiento, nos obliga a pagar 30 euros por tonelada, lo que se traduce en dos millones de euros anuales que se cargan a las arcas del consorcio. La misma ley, nos obliga también a una recogida independiente de materia orgánica, que implica la inminente incorporación de los contenedores marrones, acción que tiene un coste anual de un millón y medio de euros. A esto hay que sumarle el IPC, que como cualquier contrato, actualiza las tarifas. Pues este año, el IPC ronda el 5,7 por ciento, producto del aumento del coste de vida de los españoles. Todos sabemos lo que ha aumentado el aceite, el pan o la gasolina, y ese también es un problema del gobierno nacional, incapaz de contener la escalada inflacionaria. Quienes se quejan, deberían preguntarle a Pedro Sánchez porqué la economía marcha tan mal. Lo cierto es que la actualización del IPC, implica una subida de otros dos millones de euros. Implantar el contenedor de orgánica, tiene un coste de 500.000 euros. De ahí sale el desface de los 5,5 millones de euros. No es mala gestión. Quiero recordar que en 2004, los gestores socialistas del consorcio, aplicaron una subida en el recibo, del 172 por ciento, por mala gestión, pero sus gestiones sucesivas, nos dejaron un deuda de 24 millones de euros que desde mi llegada en 2011, hemos logrado bajar a cero. 

El consorcio no se gestiona en función del color político, se trabaja para facilitar la vida de los vecinos. Las declaraciones de los representantes del PSOE, faltan a la verdad, porque además, esta misma subida la tienen que afrontar los demás consorcios del país. No es cosa de 45 alcaldes de pueblo que se les ocurre aumentar recibos; es cosa de la ambición sin límites de personajes capaces de cualquier cosa, con tal de seguir en el poder.