El Juzgado de lo Penal 4 de Almería con fecha 14 de julio de este año, ha “desestimado la demolición interesada por la Acusación Pública, habida cuenta de la adquisición por terceros de buena fe de las viviendas y la posibilidad de legalización de la misma”.
En la sentencia 551/17, “se declara probado que el acusado J.F. A. H. mayor de edad y sin antecedentes penales, en su calidad de gerente de la promotora Proyectos y Construcciones Almaniora S.L. y de las empresas constructoras PROCOAL VILLAS S.L. y EMPIRE VILLAS S.L, entre los años 2004 y 2006 levó a cabo la edificación de 98 viviendas unifamiliares en las parcelas 30 a 41, 53, 54, 55, 56 y 58 del Polígono 32; y en las parcelas 1, 3, 4, 9, 10, 11, 40 y 57, del Polígono 40, ambos del Paraje El Romeral-La Aljambra, del término municipal de Albox, a sabiendas de que dichas parcelas tenían la consideración de terreno no urbanizable, y sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal”.
El promotor, si bien también ha sido condenado a dos años de prisión, (con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena; a la pena de 18 meses de multa, a razón de cuota diaria de 2 euros, lo que comporta un total de 1080 euros, y a la pena de inhabilitación especial para la construcción de bienes inmuebles durante un periodo de 2 años y 6 meses); no cumplirá la condena que queda en suspensión “a condición de que no delinca durante un periodo de 2 años, a contar desde la fecha de la presente resolución”.
J.F.A.H. reconoció en juicio, en el que están personados 122 perjudicados, los hechos por los que ha sido enjuiciado por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia.
El Letrado de varios de los afectados, Gerardo Vázquez, asesor de AUAN, ha manifestado estar “muy contento por mis clientes y por los afectados en general, de que no haya demolición y porque parece que por fin pueden vislumbrar luz al final del túnel. Parece que estos casos están llegando a su fin, sin más demoliciones, lo cual es bueno para todos, puesto que la demolición de viviendas de terceros adquirentes de buena fe, es una lacra que hay que erradicar por el bien de la economía y de la sociedad”.