El ministerio fiscal ha visto indicios de posibles delitos en la contratación de 11 trabajadores del Ayuntamiento de Albox, al parecer, todos relacionados con dirigentes del PSOE a través de lazos familiares, de amistad o militancia en esta formación.

Por ello, la titular del Juzgado Mixto Nº3 de Huércal-Overa  ha citado para declarar como imputados (ahora investigados), este próximo día 6 de julio al ex alcalde socialista José García Navarro (también imputado en el Caso Rambla); al interventor municipal Javier Saura (quien además es el actual interventor del Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez), al ex funcionario Jorge Perán Mármol (también imputado en el Caso Rambla), al ex Secretario Municipal, Mario Callejón y a la actual Secretaria del Ayuntamiento de Albox, Eva Cano Pérez (ex Vice Consejera de Agricultura Ganadería y Pesca durante la gestión de Martín Soler al frente de esta consejería).

Para la justicia existen indicios de posibles irregularidades al contratar a personas “sin aplicar el procedimiento legal de convocatoria pública en la que se garantizaran los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, según documentación a la que ha tenido acceso La Comarca,

La justicia apunta a que José García Navarro, Jorge Perán Mármol y Javier Saura Romero, podrían haber cometido de forma continuada un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos; mientras que los secretarios Mario Callejón y Eva Cano Pérez, están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, ya que según la policía judicial, en cumplimiento de su deber, éstos debieron dar cuenta a la autoridad judicial o fiscal de las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en la contratación de estas personas.

 

Contrataciones a dedo para beneficiar a los allegados al PSOE

Dentro de los once contratos denunciados se encuentran los de sobrinas, novias, cuñados, militantes y amigos de dirigentes del PSOE que ganó las elecciones en el año 2007, algunos de los cuales aun forman parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albox, algo que ha quedado reflejado en la toma de declaraciones previas a las actuales diligencias (130/2016).

Según se desprende de la documentación consultada, la acusación de delito continuado de prevaricación administrativa es por realizar la contratación “a dedo” de 11 personas, para ocupar puestos en el Ayuntamiento de Albox, ocupando plazas por las que se debió realizar una convocatoria pública en la que se garantizaran los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad.

La imputación del delito continuado de malversación de caudales públicos es por aprobar los pagos de la nómina mensual del personal por el cual se realizó una contratación en fraude de ley, razón por la cual se ha apuntado también a los dos funcionarios que ocuparon y ocupan el cargo de Secretario Municipal.

En este sentido la policía judicial entiende que si bien los dos secretarios no firmaron los expedientes de contratación de estos 11 trabajadores, como fedatarios públicos y responsables de hacer cumplir la ley, deberían haber puesto de manifiesto las presuntas irregularidades cometidas, toda vez que no es posible que en los últimos 10 años, no tuvieran conocimiento de que estas personas trabajaban para el Ayuntamiento de Albox, en la mayoría de los casos compartiendo edificio.

La acusación de malversación de caudales públicos, se apoya en el convencimiento de que ninguno de los acusados puso ningún reparo en el pago de las nóminas a estos trabajadores, a pesar de conocer, supuestamente, la irregularidad del procedimiento de las contrataciones, nóminas que se vienen pagando en los últimos 10 años, y que algunos casos superan los 2.600 euros mensuales por 14 pagas al año.

El modus operandi de las contrataciones es similar al de los expedientes falsos que han dado lugar al Caso Rambla, en el que el mismo Juzgado de Instrucción ha determinado el desvío de 1,5 millones de euros. Aprovechando la ausencia de los secretarios titulares, un funcionario que hacía las veces de secretario en funciones (Jorge Perán Mármol –UGT), presuntamente, “validaba” los contratos a “dedo” que disponía el entonces alcalde José García Navarro.