La sentencia del TSJA después de una «expropiación forzosa», es un mazazo a las cuentas municipales.
Del autobombo de gestión ejemplar al desastre económico una vez abiertos los cajones, es la triste herencia de Francisco Torrecillas al frente del municipio de Albox después más de seis años de mandato.
La sentencia del TSJA, que obliga al ayuntamiento de Albox a pagar 828.000 euros por la expropiación forzosa que llevó a cabo el consistorio de más de cuatro mil metros de terreno en la Avenida América a una conocida familia del municipio, se le pegan al riñón del contribuyente que ya paga préstamos encubiertos que devuelven en recibos de agua o afrontando sentencias absurdas u obligaciones de pago a amigos o familiares del poder.
Cuando la actual alcaldesa María del Mar Alfonso asumió en el cargo, lo primero que se encontró fue con una pila de facturas que amablemente el secretario le puso sobre la mesa y que Torrecillas y su equipo de gobierno habían aprobado en la última Junta de Gobierno antes de irse a casa. La primera edil reconoce que se encontró con facturas cuyo valor ascendía a 1.440.000 euros a las que el ayuntamiento debía hacer frente.
La cosa no iba a mejorar en el futuro inmediato ya que desde el mes de julio de 2023 hasta final del año 2025, el equipo de gobierno local pagó más de 2,7 millones de euros solo en préstamos y sentencias judiciales en contra.
Lo reconoció el propio consistorio en nota de prensa, precisando que “figuran más de 800.000 euros pendientes de pago a la Diputación Provincial de Almería por obras y servicios correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y el primer semestre de 2023, así como sentencias condenatorias por impago de facturas y facturas sin contabilizar que quedaron pendientes de abono. Un deuda que supera los 2,6 millones de euros en facturas sin contabilizar y pendientes de pago que ahora asume el actual equipo de gobierno”.
A esto hay que sumar estos 828.000 euros que con fecha 15 de octubre de este año, el TSJA comunicó a las partes, muy lejos de los 145.000 euros que Torrecillas ofreció entonces a los propietarios del terreno.
Pero Torrecillas no hizo este desbarajuste económico solo; según consta en el acta de pleno del 3 de noviembre del año 2016, lo hizo con el apoyo del PSOE local donde está documentado que dos concejales socialistas hicieron las veces de portavoces del consistorio, informando de una tasación “independiente” que valoraba los 4.150 metros de terreno en 145.000 euros. Hablaron de negociaciones con la familia propietaria, que no era cualquier familia. Era y es la familia de la ex concejal y abogada Esther Soto, quien fuera responsable de Hacienda durante la legislatura 2007/2011, que se fue espantada del PSOE y del ayuntamiento, no conforme con lo que veía y el proceder de sus compañeros, quienes finalmente terminarían varios, sentados en el banquillo de los acusados.
Si usted ha llegado hasta aquí y quiere seguir sumando, puede agregar la contratación de un despacho de abogados de Granada, quien fue el único que se presentó a una jugosa licitación de 90.500 euros + IVA para llevar entre otros el expediente de los solares de la avenida América.