Según el gobierno municipal, «los hechos certificados por la Cámara de Cuentas fundamentan indicios de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación durante los mandatos socialistas».
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, encabezado por el alcalde Álvaro Ramos Cáceres, ha remitido a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) el informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), aprobado el 24 de septiembre de 2026. Este documento oficial certifica documentalmente las graves irregularidades cometidas durante los mandatos de la exalcaldesa socialista María López Cervantes, expresa la nota de prensa enviada desde el gobierno municipal a los medios de comunicación.
Con la entrega de este expediente de control externo, el actual gobierno municipal ha solicitado a la OAAF que acelere el cierre del expediente 1369/2024 y remita de inmediato las actuaciones a la Fiscalía, al entender que las conclusiones del órgano auditor desbordan la mera infracción administrativa y dibujan un patrón continuado de conductas con encaje en el Código Penal.
Presuntos ilícitos penales bajo el mandato del PSOE
A la luz de los hechos y conclusiones certificados de forma vinculante por la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento pone de manifiesto la concurrencia de indicios fundados respecto a los siguientes presuntos delitos:
- Prevaricación administrativa continuada (art. 404 del Código Penal):La Cámara de Cuentas constata que la anterior alcaldía contrató a decenas de empleados públicos sin procedimiento selectivo previo. El informe certifica que 44 trabajadores accedieron al Ayuntamiento «sin un previo procedimiento de selección público, regido por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (…) por lo que se desconoce cuáles fueron los criterios empleados por la Entidad para su contratación», extendiendo esta ausencia de acreditación a los 147 laborales temporales del ejercicio 2022. Asimismo, la CCA señala que se diseñó un proceso de estabilización donde 20 plazas no cumplían la antigüedad legal y 24 puestos fueron alterados artificialmente en subgrupos y niveles, advirtiendo de que estos actos «pudieran ser constitutivos de un fraude de ley» y nulos de pleno derecho. Dictar resoluciones de contratación y prórrogas manifiestamente arbitrarias y contrarias a la ley a sabiendas de su ilegalidad constituye el tipo penal de la prevaricación.
- Malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal):Bajo la gestión de María López se comprometieron fondos públicos prescindiendo de los cauces legalmente exigibles y sin cobertura presupuestaria. La CCA cifra en 4.976.207,51 euros los gastos sin consignación presupuestaria (GSCP), con más de 1,6 millones de euros correspondientes a facturas y nóminas de personal acumuladas irregularmente de ejercicios anteriores en cuentas extrapresupuestarias. A ello se suma el pago de más de 155.000 euros en gratificaciones y horas extraordinarias sin justificación, controles horarios ni encaje normativo, sobrepasando topes legales en miles de horas. Administrar caudales públicos al margen de la ley presupuestaria y generar obligaciones millonarias irregulares son elementos nucleares del delito de malversación.
- Fraude en la contratación y en el acceso a la función pública (art. 436 del Código Penal):Tanto la denuncia ante la OAAF como el informe fiscalizador evidencian el uso de la administración local para favorecer a perfiles afines o del entorno del PSOE local (tales como contratos de guías turísticos, monitores deportivos o comunicadores que fueron prorrogados de hecho hasta buscar su blindaje como personal fijo o funcionarios en la estabilización). La Cámara de Cuentas señala expresamente el desvío de la finalidad de la Ley 20/2021 y califica estas maniobras como posible fraude de ley.
- Infidelidad en la custodia de documentos y vulneración de los derechos cívicos (arts. 413 y 542 del Código Penal):El informe de la CCA expone que el propio órgano fiscalizador sufrió la ocultación de documentación durante los trabajos de campo, detectando relaciones de personal con «falta de integridad y exactitud» y la no aportación de los expedientes de 74 de los 147 trabajadores temporales. Esta práctica confirma la denuncia inicial sobre la reiterada negativa de María López a facilitar la información requerida por la oposición sobre las contrataciones bajo pretextos infundados de protección de datos.
«Se acabó el oscurantismo y la impunidad»
«Durante años, el PSOE de María López gestionó el Ayuntamiento de Garrucha como si fuera su cortijo particular, utilizando el empleo municipal para consolidar voluntades y eludiendo de forma consciente las leyes de función pública y estabilidad presupuestaria», ha denunciado el alcalde Álvaro Ramos.
«La Cámara de Cuentas no ha dejado lugar a dudas: contratos a dedo, prórrogas en vía de hecho, casi 5 millones de euros en gastos sin presupuesto y un proceso de estabilización plagado de posibles fraudes de ley. No estamos ante simples descuidos administrativos, sino ante hechos de extrema gravedad con apariencia delictiva. Desde el actual equipo de gobierno llegaremos hasta el final para que se depuren todas las responsabilidades penales, contables y civiles ante los tribunales de justicia», ha concluido el regidor.