
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Serón, Celia Granados, preguntará en el pleno que se celebrará este jueves por la noche en la localidad, por las irregularidades cometidas en el Grupo de Desarrollo Rural del Almanzora, cuando el actual secretario general del PSOE, Juan Antonio Lorenzo era secretario del GDR y alcalde del municipio. En la sentencia 209/23 que hace unos días ha tomado estado público, ha quedado demostrado que se “otorgó y no fiscalizó una subvención de 220.174 euros para construir un alojamiento turístico, cuando en realidad se construyó un edificio para viviendas residenciales”, aseguradlos Populares a través de nota de prensa.
Granados señala que “lo que debería hacer el señor Lorenzo, en lugar de pedir explicaciones a la Consejera de Agricultura por las inversiones llevadas a cabo para garantizar el agua potable a los vecinos del Almanzora, es dar explicaciones él, sobre por qué no se fiscalizaban las subvenciones con fondos públicos que daba el GDR”.
Además, insta al actual secretario general del PSOE en Almería a que explique si, siendo alcalde y con motivo de la Licencia de Actividad, tuvo conocimiento de que lo construido no se correspondía con el establecimiento turístico para el que se pidió la licencia, sino que se había levantado un edificio con viviendas de uso residencial.
En este sentido, la portavoz Popular espera que desde el Ayuntamiento de Serón también se tomen medidas y expliquen hoy en el pleno si han iniciado alguna actuación respecto a esta construcción ilegal; cuál fue el seguimiento que se hizo desde el consistorio durante la construcción y el final de la obra; si se ha abierto expediente para la retirada de la licencia de actividad tras haber quedado demostrado judicialmente que la actuación fue ilegal; y si se ha solicitado a la empresa condenada, que redacte y presente un proyecto de adaptación de alojamiento turístico a promoción de viviendas residenciales para obtener la licencia pertinente y regularizar el inmueble.
En sentencia, una juez de Almería ha condenado al empresario de Serón, Juan Antonio C.R., por un delito de fraude en subvenciones después de que obtuviera más de 220.000 euros en ayudas para crear un complejo turístico rural en Serón que, una vez construido, dedicó a viviendas residenciales en alquiler, sin que llegara a contratar personal para el mantenimiento y la prestación de servicios privando, a su vez, al municipio de la herramienta comprometida para fomentar el turismo rural en la zona.
La sentencia, dictada en firme, tras la conformidad de las partes, impone al acusado un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público profesión, oficio, industria o comercio, toda vez que le obliga a devolver a la Junta de Andalucía el importe de 220.174,60 euros concedidos.