Según el PP, la instalación cuenta con acreditación para su apertura desde el mes de enero de 2025.
La campaña electoral autonómica llega a su fin y la sanidad ocupa un lugar destacado a la hora de tratar de arañar un puñado de votos y a cuenta de ello, el PSOE de Serón, con el alcalde de la localidad a la cabeza, ha realizado una denuncia en redes sociales, solicitando a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de una residencia para personas con discapacidad, que al parecer ya está en condiciones de recibir a usuarios. Se trata de la misma residencia que hace no mucho tiempo ha sido noticia por los robos de vajilla que se que venían produciendo en su interior por un individuo que fue identificado posteriormente por la Guardia Civil.
El comienzo de la polémica
En su página oficial de Facebook del Ayuntamiento seronés, se puede visualizar un video donde aparece el alcalde Manuel Martínez Domene acompañado de dos concejales de la localidad, en el que expresan textualmente que «El Ayuntamiento de Serón lleva dos años esperando para firmar convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento de la residencia de personas con discapacidad. El Alcalde del municipio ha mantenido numerosas reuniones y conversaciones con el Delegado Provincial de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales, conversaciones con el gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, conversaciones con el Viceconsejero. Hemos pedido reunión con la consejera del ramo y no nos ha atendido. Esta negativa de la Junta de Andalucía a conveniar las plazas residenciales perjudica seriamente la economía y el empleo de Serón. Si no activamos servicios que generen empleo y riqueza nuestro medio rural se queda desierto. No podemos esperar más tiempo. Esta situación es desesperante».
Esta es la interpretación del gobierno municipal, lo que ha provocado que el partido Popular salga al cruce y exponga lo que entienden que debería haber sucedido y no ha ocurrido hasta el momento.
Respuesta del PP y denuncia ante la Junta Electoral por violar la veda
Ante este hecho y bajo la sospecha que el edil y su equipo estarían violando la Ley Electoral, ya que se ha llegado a colgar una pancarta contra el gobierno andaluz en la fachada del ayuntamiento seronés, el partido Popular ha interpuesto la correspondiente denuncia (2) a la que hemos tenido acceso y ha salido a rebatir las afirmaciones del primer edil.
En su alegación, el PP explica lo que a su entender es la situación actual de la residencia, que reproducimos a continuación:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESIDENCIA DE SERÓN
Sin entrar en el detalle del coste global del proyecto —dirección de obra incluida—, lo que sí está claro es que en 2018 el entonces alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, decidió embarcar al municipio en la construcción de una Residencia de Adultos y Centro Ocupacional (RACO) sin una planificación seria ni un análisis riguroso de la realidad.
Una decisión que, lejos de responder a las verdaderas necesidades del municipio, todo apunta a que fue impulsada con el asesoramiento del entonces Viceconsejero de Servicios Sociales, Manuel Martínez Domene, hoy alcalde de Serón. El resultado es evidente: una mala decisión política que hoy pagamos todos los vecinos.
Resulta especialmente llamativo que, frente a esta realidad, el actual alcalde, Manuel Martínez Domene, haya optado por publicar recientemente un mensaje en redes sociales (Facebook) en el que, además de realizar afirmaciones que podrían suponer una vulneración de la LOREG en periodo preelectoral, trata de desviar la atención culpabilizando al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juanma Moreno.
Sin embargo, la realidad de los hechos es muy distinta y es la que se expone a continuación.
Lo que se vendió como un gran proyecto social ha acabado siendo un ejemplo paradigmático de despilfarro, improvisación y nefasta gestión.
Las obras comenzaron en noviembre de 2020 con un plazo de ejecución de 15 meses. Debían haber finalizado en febrero de 2022. La realidad fue muy distinta: no terminaron hasta mediados de 2023. Más de un año de retraso sin explicaciones convincentes.
¿El resultado? Más de 1,8 millones de euros de dinero público invertidos… para tener hoy una residencia cerrada.
Y lo más grave: la instalación cuenta con acreditación desde enero de 2025. Es decir, se puede abrir legalmente desde hace más de un año. Pero sigue cerrada.
Ante esta situación, hay que hablar claro:
- Aquí se gastaron casi dos millones de euros sin haber estudiado previamente si hacía falta ese recurso. No hubo planificación, no hubo diagnóstico y no hubo responsabilidad.
- Las obras se eternizaron por una gestión deficiente. O faltaba dinero, o faltaba capacidad técnica, o simplemente sobraba incompetencia. En cualquier caso, el responsable es el Ayuntamiento.
- Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas bien: 7.500 plazas concertadas en los últimos años frente a las escasas 283 de los gobiernos anteriores. En Almería, más de 200 plazas en el último año, todas ellas en función de la demanda real. Es decir, donde hacen falta.
- La empresa adjudicataria, ENTIDAD NOVOCARE, SCA, no necesita ningún convenio con la Junta para abrir. La residencia está acreditada desde enero de 2025. No hay excusas. Si, como asegura el alcalde, ya está el personal seleccionado, ¿a qué están esperando?
- El contrato es claro: no condiciona la apertura a la existencia de plazas concertadas. Y el propio estudio de viabilidad del Ayuntamiento ya contemplaba que el primer año podía funcionar sin ellas. Por tanto, nadie puede alegar desconocimiento ni justificar esta situación.
- Y sobre la supuesta demanda, conviene desmontar el relato:
- En toda la provincia de Almería hay 27 personas en lista de espera.
- Pero la realidad es que la mayoría:
- ya están atendidas,
- o quieren trasladarse a centros concretos,
- o incluso proceden de otras provincias.
- De hecho, solo una persona en toda la provincia carece actualmente de recurso.
Es decir: no existe una demanda real que justifique este proyecto tal y como se planteó.
Conclusión
Este caso tiene nombre: mala gestión y falta de responsabilidad política.
- Se ha despilfarrado dinero público sin planificación.
- Se ha ejecutado una obra con retrasos intolerables.
- Se ha construido un recurso que no responde a la realidad social de la zona.
- La empresa adjudicataria está incumpliendo su contrato.
- Y el Ayuntamiento, lejos de defender los intereses de los vecinos, está mirando hacia otro lado.
Y hay que decirlo alto y claro: intentar desviar la responsabilidad señalando a otras administraciones o responsables políticos no cambia los hechos.
Además, en noviembre de 2023 la Junta de Andalucía reforzó con 28 plazas la zona Levante–Almanzora, aliviando una lista de espera que llevaba años estancada. Esto evidencia aún más que en Serón no existe una necesidad real urgente para este recurso.
Mientras tanto, hay otros colectivos con necesidades mucho más graves —personas con discapacidades severas o trastornos de conducta— que siguen esperando soluciones reales.
Y aquí seguimos, con una residencia cerrada, pagada con el dinero de todos y sin prestar ningún servicio.
Por tanto:
- La empresa adjudicataria debe abrir de inmediato, contratar al personal y poner en marcha el servicio.
- Y si no lo hace, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar, exigir el cumplimiento del contrato y aplicar sanciones, incluida su rescisión.
Y si este proyecto no responde a la realidad, que se diga la verdad: habrá que replantearlo desde cero, adaptar el modelo y volver a licitarlo con sentido común.
Porque lo que no es admisible es seguir confundiendo a los vecinos ni utilizando excusas políticas para tapar una mala gestión.
En definitiva, la responsabilidad de que la residencia siga cerrada tiene nombres y apellidos: la empresa adjudicataria, ENTIDAD NOVOCARE, SCA, y el Ayuntamiento de Serón, por no exigir el cumplimiento del contrato firmado el 6 de junio de 2024.
