El plazo para presentar solicitudes es hasta el 30 de junio de 2026.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Esta reforma estructural, calificada por el Ejecutivo como una «urgencia social», abre la puerta a que aproximadamente 500.000 personas que actualmente residen en España en situación administrativa irregular, puedan obtener permisos de residencia y trabajo.
La medida busca integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española, pero que carecían de marco legal para ejercer sus derechos básicos.
El texto de la reforma justifica la necesidad de este cambio normativo por razones demográficas y de sostenibilidad del bienestar.
España se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un crecimiento vegetativo negativo que pone en riesgo la disponibilidad de trabajadores en el futuro.
En este sentido, el nuevo reglamento subraya que la incorporación de personas en edad de trabajar es vital para equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas.
A finales de 2025, los trabajadores extranjeros ya representaban el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social, superando los 3,1 millones de personas.
El Gobierno argumenta que la regularización no solo fortalece la Seguridad Social, sino que también mejora la recaudación tributaria y combate la economía sumergida.
Arraigo extraordinario y protección internacional
La principal novedad del reglamento es la creación de dos nuevas figuras de arraigo.
Una de ellas está diseñada para solicitantes de protección internacional cuya solicitud o recurso no haya sido resuelto y que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026.
Y la otra, regula el «arraigo extraordinario» para aquellos extranjeros que ya estuvieran en España antes de esa misma fecha y cumplan ciertos requisitos acumulativos.
Para acceder a estas autorizaciones, los interesados deben acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud.
Además, es imperativo carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen.
El reglamento introduce una ventaja procesal significativa: desde el momento en que se comunique el inicio de la tramitación de la solicitud, el migrante quedará habilitado provisionalmente para trabajar por cuenta ajena o propia hasta que se dicte la resolución definitiva.
- Logística sin precedentes: El papel de Correos y Tragsa
Consciente de la presión administrativa que supondrá la gestión de medio millón de potenciales beneficiarios, el Gobierno ha diseñado un operativo logístico especial.
La disposición adicional primera habilita al grupo público TRAGSA y a su filial TRAGSATEC para realizar tareas de gestión material, apoyo técnico y canalización documental de los expedientes.
El texto especifica que estas entidades no ejercerán potestades públicas, ya que la valoración jurídica y la resolución final de las solicitudes recaerán exclusivamente en los funcionarios de la administración competente, es decir en extranjería.
Paralelamente, se ha encomendado a la Sociedad Estatal Correos funciones de información y recepción de solicitudes a través de su red nacional.
Esta colaboración es estratégica para garantizar que las personas residentes en zonas rurales o municipios pequeños puedan presentar su documentación telemáticamente en igualdad de condiciones.
El plazo para presentar las solicitudes de regularización estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
- El reglamento establece plazos y condiciones estrictas para asegurar la seguridad jurídica:
- La administración dispone de un máximo de tres meses para resolver y notificar los expedientes; si pasado ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
- Además, en el caso de los solicitantes de asilo que obtengan el arraigo, estos deberán desistir formalmente de su solicitud de protección internacional para consolidar su nueva situación administrativa.
- La norma también contempla situaciones de especial vulnerabilidad.
- Se prevén prórrogas de hasta cuatro años en casos de enfermedad grave, discapacidad o cuando el solicitante haya alcanzado la edad de jubilación, flexibilizando los requisitos de búsqueda activa de empleo.
- Para los hijos menores de edad, la vigencia de la autorización será directamente de cinco años, reforzando la protección del interés superior del menor y facilitando la unidad familiar sin exigir los periodos de permanencia previa habituales.
- Este proceso de regularización de inmigrantes se suma a los otros siete que se han llevado a cabo en España desde la llegada de la democracia.
- La última gran regularización tuvo lugar en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a más de 576.000 personas.