El pasado 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de la Discapacidad. La celebración coincidió con la noticia sobre la situación que atraviesa una familia de Albox que solicita al Ayuntamiento una plaza de aparcamiento para minusválidos, ya que su hijo de 12 años de edad sufre parálisis cerebral y tiene un 79 por ciento de discapacidad.
Aunque parezca increíble, después de dos años las soluciones no llegan a pesar que solo dependan de una decisión política.
La vivienda se ubica en pleno centro del municipio a escasos metros del Ayuntamiento donde hasta el año 2018, se contaba en la zona con hasta tres plazas de aparcamiento que fueron quitadas por reformas, según explicaron los padres del pequeño a La Comarca Noticias.
En una entrevista con el abogado de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Luis López, el letrado se mostró contundente al respecto, “la existencia de estas plazas destinadas a personas minusválidas debieran de existir”, dijo.
“Las administraciones públicas deberían velar por el bienestar de las personas con discapacidad pero a veces dan pasos hacia atrás. Las asociaciones de personas con discapacidad deberían levantar la voz y decir que a estas personas se les están vulnerando sus derechos y la ley los ampara”.
A veces es cuestión de legalidad y a veces de sentido común, asegura el letrado. En este caso que se plantea en Albox, si habían unas plazas que ya estaban asignadas, los cambios que se produzcan no pueden ir en detrimento de las plazas que ya había para personas con discapacidad. Cada vez que se concede una tarjeta a una persona con movilidad reducida se da conocimiento a las autoridades locales para que se establezca una plaza cercana a la persona que posee esa tarjeta. Las corporaciones tienen un cupo que no puede estar por debajo de lo que dice la ley. Tienen que tener un plano de la ciudad donde deben estar reflejadas estas plazas de aparcamiento. Si no están, el interesado podría exigirle al Ayuntamiento y decirle “oiga, yo vivo aquí, aquí había una plaza y usted me la tiene que poner”, porque cerca de donde vive esa persona debe haber una plaza para estacionar.
En cuanto a la normativa existente, López explica que “si hay más personas con discapacidad, la ley establece que debe haber una por cada 40 plazas de estacionamiento; ahí se está hablando de un porcentaje y de un derecho. A la persona que tiene esa tarjeta el Ayuntamiento le tiene que proveer de un lugar para aparcar. El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley, que es un decreto de la Junta de Andalucía, eso está clarísimo. Llegado al extremo se podría sancionar al Ayuntamiento porque debe dar ejemplo como administración pública y cumplir la legalidad. No puede dejar desatendidas a las personas por las que se supone, debe velar. Si se les han enviado varios escritos al Ayuntamiento, deberían revisar la legislación y ponerse a ello”.
“Los gobernantes deberían reflexionar y tener un poco de empatía con sus ciudadanos. A veces pienso que esta familia debería invitar al concejal o al alcalde a su casa durante 24 horas y vieran lo que es tener a un niño con una gran discapacidad y que va en silla de ruedas. A veces es necesario que desde la administración se pongan en la piel del ciudadano, a veces cuesta que lo entiendan pero no es tan complicado. Parece que hasta que no nos toca no nos ponemos en su lugar. De igual modo la ley está aquí y a veces hay que recordársela a los políticos”.