El alcalde en funciones fue el que propuso a la mercantil tijoleña, para un contrato que se adjudicó tres días antes de presentar la propuesta.

Fue el propio alcalde en funciones José Campoy el que propuso a la empresa adjudicataria 

El pasado 11 de marzo el Concejal de Obras y Servicios, -en la actualidad alcalde en funciones del Ayuntamiento de Albox-, José Simeón Campoy Fernández, fue citado a declarar como investigado (imputado) por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Huércal Overa. 

En la vista oral, Campoy se limitó a responder solo las preguntas de su abogado –además de las de la jueza-, en una estrategia de defensa basada en la de responsabilizar de la ilegalidad de la obra al alcalde Francisco Torrecillas  y a la responsable del área de Contrataciones del Ayuntamiento de Albox María del Mar Cerón. 

Contrariamente a lo manifestado por Campoy, en el documento de Contrato Menor al que ha tenido acceso La Comarca, el actual alcalde en funciones aparece como el Proponente del Contrato Menor de la empresa Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L.

El nombre de José Campoy Fernández, aparece como proponente del contrato menor que se otorgó a una empresa de Tíjola.

Según se desprende del informe de la Policía Judicial, “en la propuesta de contrato menor suscrita se han detectado diferentes irregularidades/ilegalidades como el objeto del contrato (se obró en zona prohibida), su naturaleza (se hizo un contrato de obras cuando en realidad eran suministros), el presupuesto (una serie de conceptos/artículos que se encuentran en discordancia con los detallados en la factura) y en la fecha de suscripción del contrato que se efectuó el día 19 de septiembre de 2017, cuando los presupuestos de la mercantil referida se aportaron el 22 de septiembre, es decir, tres días después que se formalizara el contrato.

Por todo ello, dice el informe policial, “se ha considerado que la Propuesta de Contrato Menor es sustancialmente falsa y cuyo contenido sería plenamente mendaz y que a su vez habría sido incluido en el tráfico jurídico al haber ingresado en la contabilidad municipal”

Por ello la justicia citó a Campoy “como investigado responsable de un presunto delito contra la ordenación del territorio, un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos” en unas obras de pavimentación mediante hormigonado en un tramo de la Rambla de Albox a su paso por el casco urbano, concretamente en la zona denominada Carril del Mirador.

A Campoy se le imputan los delitos considerados más graves contra la administración pública: falsedad de documento públicos (de 7 a 10 años de prisión), prevaricación (de 7 a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público), malversación de caudales públicos (de 4 a 8 años de prisión) a los que se suma el delito contra la ordenación del territorio.