El informe de los profesionales indica que las obras fueron otorgadas tres días antes de ingresar los presupuestos al Ayuntamiento de Albox.

“Una vez revisado el contenido global de la presente diligencia, se podrían extraer con la debida objetividad las siguientes conclusiones”, dice el informe de la Policía Judicial en cuanto a una nueva ilegalidad cometida a sabiendas en la rambla de Albox, conclusiones a las que ha tenido acceso La Comarca Noticias.

Según este mismo informe, las obras de hormigonado del “Lateral de la Rambla” se ejecutaron bajo un contrato con una mercantil con sede en Tíjola de la que participaron el representante de la empresa, un funcionario, el alcalde Francisco Torrecillas y el concejal de Obras y Servicios, Desarrollo Rural y PFEA, José Campoy Fernández, algo que este último negó el pasado 11 de marzo ante la jueza del Juzgado Nº1 de Huércal Overa, responsabilizando al propio alcalde que en la actualidad se encuentra hospitalizado.

En las conclusiones que se desprenden de las diligencias policiales Nº 213/2020, también la investigación indica que esas obras de hormigonado se llevaron a cabo en dos fases y por operarios del Ayuntamiento pertenecientes a la sociedad pública ELBOJ EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS SL, y no por la mercantil supuestamente contratada para ello, ya que ésta se limitó solo al suministro de hormigón.

“Como queda evidenciado –continúa el informe-, las obras se ejecutaron careciendo de cualquier tipo de cobertura legal y administrativa. Ello viene motivado porque no consta la existencia de ningún contrato de obras, ni aun de suministros, con la mercantil encargada de proporcionar el hormigón necesario para la ejecución de dichas obras, así como carecer de la correspondiente autorización administrativa por parte de la autoridad competente”, refleja el escrito aportado por los investigadores policiales.

La policía judicial además recoge en su informe “diferentes irregularidades/ilegalidades como el Objeto del Contrato (al figurar obras de hormigonado en “Lateral de la Rambla” donde no se pueden ejecutar obras de ese tipo). Irregularidades en la Naturaleza del Contrato (al destinarlo para “obras” cuando en realidad son “suministros”). También se han detectado anomalías en el cotejo del presupuesto con las facturas emitidas (figuran una serie de conceptos y artículos que se encuentran en discordancia con los detallados en la factura).

Además se ha detectado que la “suscripción del contrato”, fue anterior a la aportación de presupuestos por parte de la mercantil, lo que quiere decir que el contrato se formalizó tres días antes de que tuviera entrada en el Ayuntamiento el presupuesto correspondiente.

“Por todo ello –dice el informe de la policía Judicial-, se ha considerado que la Propuesta de Contrato Menor es sustancialmente falsa y cuyo contenido sería plenamente mendaz y que a su vez habría incurrido en el tráfico jurídico al haber ingresado en la contabilidad municipal una determinada cantidad dineraria en forma de gasto, incluido el IVA”.

Los investigadores también han determinado que el contrato entre el Ayuntamiento y la mercantil, fue un contrato “Ad Hoc” para intentar amparar de una cobertura legal, unas obras consideradas, ya de por si, como irregulares/ilegales, al no contar con la preceptiva autorización y soslayar cualquier tipo de investigación policial o judicial.

La cantidad dineraria total (de lo que se desprendería un posible delito de malversación de fondos públicos) ascendería a 119.438,10 euros, lo que ha provocado un “grave perjuicio económico a las arcas municipales”.