El alcalde en funciones no respondió a las preguntas realizadas por la oposición.

Sucedió en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Albox este viernes 26 de marzo, luego de que se aprobara el aumento de sueldo de José Campoy como alcalde en funciones.

El punto quince en el orden del día, abordaba la indemnización que se proponía para su aprobación a “Don José Simeón Campoy Fernández por el desempeño del cargo de alcalde en funciones por ausencia por enfermedad grave del alcalde-presidente”, dice la convocatoria.

La suma -que estaría fijada en 1.000 euros- sería “provisional” mientras Torrecillas esté de baja. La cifra, se sumaría al dinero que supuestamente ya percibe Campoy de las arcas municipales en todo concepto. Pero ante la pregunta de los concejales de la oposición, el dinero que Campoy recibe del Ayuntamiento no ha quedado acreditado en el Pleno, “ya que la pregunta quedó sin respuesta”.

Los concejales del PP presentes también pidieron al alcalde en funciones, que en un ejercicio de transparencia y sanidad democrática, “haga pública su vida laboral” para que los albojenses conozcan de primera mano la trayectoria de quien hoy los representa.

“Ninguna de las dos preguntas han sido respondidas”, aseguran los concejales consultados. Los ediles Populares además han solicitado a través de registro en mesa de entradas, conocer quién o quiénes son los abogados que defienden a los miembros de la corporación en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Huércal Overa y cuyos honorarios estén asumidos, en su caso, por el Ayuntamiento de Albox, como acceso y copia del o de los expedientes de contratación de dichas personas, de existir los mismos.

En este caso en concreto, Campoy está siendo investigado por la justicia por la supuesta contratación de una empresa de manera ilegal, del que se desprenden los posibles delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de fondos públicos y delitos contra la ordenación del territorio por obrar en suelo de especial protección.

La investigación de la Policía Judicial establece que el dinero defraudado a las arcas públicas ascendería a 120.000 euros.