UGT sostenía que se habían vulnerado los derechos de los trabajadores del extinguido parque de Bomberos.

La justicia da la razón al Ayuntamiento de Albox, después de que el sindicato UGT interpusiera un recurso contencioso-administrativo al Acuerdo adoptado por este consistorio el 9 de marzo de 2017, y publicado en el BOP el 18 de abril del mismo año, por el que se aprobaba el Presupuesto General y la plantilla de personal para el año 2017. 

La Unión General de Trabajadores, entendía que en lo que respecta a la amortización de cuatro plazas de bomberos que se contenía en la resolución que se intentaba impugnar, no era ajustada a derecho porque “suponía la vulneración del derecho al cargo que asiste a los funcionarios públicos, pues conlleva la supresión de facto del Cuerpo de Bomberos, alegando asimismo que no ha existido negociación colectiva de forma previa a la modificación de la RPT”.

Ahora el fallo con fecha 18 de noviembre, determina que “desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto el sindicato UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES frente al Acuerdo adoptado por el AYUNTAMIENTO DE ALBOX, en fecha de 9 de marzo de 2017, al ser éste ajustado a derecho; todo ello con expresa imposición de costas al recurrente”.

UGT sostenía que no había existido negociación colectiva de forma previa a la modificación de la RPT, pero en la documentación consultada por La Comarca Noticias, queda demostrado luego de una testifical que “sí existió negociación colectiva previa -el Acuerdo se adoptó el 9 de marzo y las reuniones se celebraron en febrero- por lo que este motivo de impugnación también debe decaer”. 

La sentencia no es firme y ante ella cabe recurso de apelación.

Recordamos que el sindicato solicitó el expediente administrativo y posteriormente formuló la demanda, dándose traslado de ésta a la corporación, quien se personó en autos, contestando a las misma a través del letrado Alfredo Najas. Con relación a las pruebas, por ambas partes se solicitó la reproducción del expediente administrativo y la prueba documental, solicitándose además por la demandada la prueba testifical.