Se la acusa junto a otros responsables municipales de permitir «regularizar» viviendas con orden de demolición que luego fueron vendidas a terceros.
Luego de declarar como querellados en el Juzgado Nº 2 de Huércal Overa y como testigos el técnico municipal del Ayuntamiento de Cantoria y el Secretario del consistorio, (estos últimos pasaron de testigos a investigados), ahora el fiscal solicita la apertura de juicio oral contra Purificación Sánchez, alcaldesa de la localidad, el concejal de Urbanismo, Ramón López, el técnico y el secretario mencionados y un empresario, cuñado del concejal de Urbanismo por los presuntos delitos de prevaricación y estafa continuada.
Para comprender los hechos debemos remitirnos al año 2006, cuando el equipo de Seprona de la Guardia Civil denunció la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, derivando esta denuncia en la incoación de expediente sancionador urbanístico no 515 en el Ayto. De Cantoria y, posteriormente, en el inicio de una instrucción penal en los Juzgados de Huércal-Overa.
Se trataba de 15 viviendas que se construyeron en suelo no urbanizable, sin licencia municipal alguna que ampare las citadas edificaciones, siendo las mismas no autorizables. A pesar de ello, los investigados, en lugar de acatar la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y del Juzgado de lo Penal de Almería (en ejecución de sentencia), que implica la demolición de las mismas, tramaron, presuntamente, un plan para legalizar dichas viviendas, obviando ambas sentencias, y consiguiendo con ello otorgar los correspondientes expedientes de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), para que las mismas pudieran ser inscritas en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa y posteriormente venderlas a terceros de buena fe.
Según la exposición de la fiscalía, documento al que ha tenido acceso La Comarca Noticias, “ A sabiendas de la obligación de demolición a que se encontraba sujeto y actuando con ánimo de obtener un beneficio económico con la venta de las viviendas del Paraje «Los Garcías», A.G.C. , promotor de las viviendas y cuñado de Ramón López García -Concejal de Urbanismo-, aprovechó su relación de parentesco con este para influir de manera directa en la tramitación y facilitación de la obtención de los AFO (Asimilados Fuera de Edificación) con vulneración de los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen la actuación administrativa.
Para ello, en fecha 16 de noviembre de 2018, el promotor y cuñado del concejal de Urbanismo inició los trámites para solicitar el archivo por caducidad del Expediente urbanístico sancionador que se aperturó mediante Resolución no 4 y 5 de fecha 11 de enero de 2007 en el Ayuntamiento tras la recepción de la denuncia del Seprona en 2006, aportando declaración jurada de inexistencia de procedimientos judiciales a sabiendas de que todavía no se había ejecutado el auto por el que se le imponía el deber de demolición.
Examinada su solicitud, el 20 de febrero de 2019, Purificación Sánchez, en calidad de Alcaldesa, y Pedro Rumí Palmero, como Secretario-Interventor, firmaron y adoptaron la Resolución no 19/20-2-2019 por la que se acordaba la caducidad y archivo de expediente urbanístico sancionador y de restauración de legalidad. Para adoptar esta decisión, se apoyaron en el informe favorable de fecha 7 de febrero de 2019 elaborado por el Técnico municipal de urbanismo, en el que se indicaba que se cumplían todos los requisitos legales para declarar la caducidad del expediente y, ello, a pesar de que los investigados eran conocedores de que existía un procedimiento judicial en curso pendiente de ejecución.
Tras obtener la caducidad del Expediente sancionador urbanístico no 515, en fecha 30 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local, a propuesta de Purificación Sánchez tras la petición de A.G.C., emitió la certificación acreditativa de inexistencia de expediente sancionador o de restablecimiento de la legalidad urbanística sobre las viviendas del Paraje «Los Garcías», en el polígono 8, parcela 248, firmando dicha certificación tanto la alcaldesa Purificación Sánchez como Pedro Rumí Palmero, en calidad de secretario interventor.
Obtenida la referida certificación y eliminado el obstáculo legal de existencia de expediente sancionador, A.G.C. promovió distintos expedientes para obtener el reconocimiento de «AFO» (Asimilados Fuera de Ordenación) de las referidas viviendas, adoptándose los siguientes acuerdos municipales sin cumplimiento de los requisitos legales con la intervención de la Sra. Sánchez, el Sr. Rumí y el informe favorable del técnico municipal, gracias a la intermediación del cuñado del promotor y concejal de Urbanismo, Ramón García López:
– 7 de marzo de 2019: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada y trastero sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 2 de mayo de 2019: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada y trastero sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 8 de junio de 2020: Reconocimiento como AFO de la vivienda para uso residencial sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 24 de septiembre de 2020: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada y trastero para uso residencial sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 8 de octubre de 2020: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada para uso residencial sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 3 de noviembre de 2022: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada para uso residencial sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
– 16 de marzo de 2023: Reconocimiento como AFO de la vivienda unifamiliar aislada y trastero sita en el polígono 8, parcela 248, del Paraje «Los Garcías», Cantoria.
Y, una vez regularizada la situación urbanísitica en clara contradicción con la condena del Juzgado de lo Penal e inscritas las referidas viviendas en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa, A.G.C., actuando con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito y a sabiendas de que no cumplían los requisitos para ser reconocidas como AFO, procedió a la venta de las mismas a terceros, quienes las adquirieron en la creencia de haber comprado una vivienda legal.
Ante esta situación, ahora el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral a los mencionados responsables administrativos y al promotor de 15 viviendas con orden de demolición.
En cuanto a la venta de parte de esas viviendas, según fiscalía queda reflejado que el constructor acusado, administrador único y apoderado de la Mercantil de Fincas Cazorla SL, procedió a vender algunas de estas viviendas a terceras personas obteniendo un beneficio superior a los 400.000 euros a cambio de entregar viviendas que tendrían que ser demolidas, circunstancia que ocultó deliberadamente a los compradores, en concreto y así estaría acreditado:
El 6 de junio de 2022 el promotor vendió a I.A y J.I. de una vivienda por valor de 132.000 euros.
El 29 de marzo de 2022 el promotor vendió a través de escritura pública a G.D.H. una vivienda unifamiliar por valor de 95.800 euros.
El 17 de mayo de 2023 el promotor vendió a A.W. una vivienda por valor de 129.800 euros.
Los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación por el que deben responder la alcaldesa de Cantoria, el concejal de Urbanismo, el técnico y el secretario del ayuntamiento de esta localidad por lo que se solicita una pena de 14 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Por el delito de estafa agravada, se pide para el promotor A.G.C., 5 años de prisión con la pena accesoria con inhabilitación para el derecho de sufragio durante el tiempo de condena. En cuanto a la responsabilidad Civil, el constructor deberá a indemnizar con la responsabilidad civil de Fincas Cazorla, a las familias víctimas de la presunta estafa, en 132.000, 95.800 y 129.800 euros, respectivamente.