Fiscalía pide 14 años de inhabilitación en un caso de «regularización» de 15 viviendas que tenían orden de derribo y luego fueron vendidas a terceros.
Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria, mantiene que «no se sostiene que pague el regidor de 2026 los desmanes del alcalde de 2006». Asimismo, afirma que incluir a técnicos o al actual equipo de gobierno en el caso de los AFO —una regulación aprobada por Juanma Moreno (PP)— no es más que una cortina de humo para tapar «sus propias corruptelas en Cantoria con el clan Llamas, y en el Almanzora con Liria y la mitad de los alcaldes del PP de la comarca investigados en el caso mascarillas».
Respecto a su situación procesal, tras conocerse la petición de inhabilitación de fiscalía y la repercusión que pudiera tener como alcaldesa de Cantoria, Sánchez Aránega deja claro que: «No voy a renunciar a nada por una denuncia del Partido Popular, porque nadie se va a creer que yo pueda tener alguna responsabilidad por unas viviendas que se construyeron hace 20 años si soy alcaldesa hace 10. Es más, todo ocurre cuando el alcalde de la localidad era Pedro Llamas, del PP, y el agente del Seprona al que se le escaparon las más de 900 viviendas ilegales del municipio era precisamente el denunciante, Saturnino Fernández, ahora asesor de los detenidos en el caso mascarillas de la Diputación de Almería y actual portavoz de la oposición en Cantoria», afirma.
La alcaldesa cantoriana quiere dejar claro que «se ordena el derribo de las viviendas siendo también alcalde Pedro Llamas, quien lo oculta puesto que no hizo nada en cinco años, y se aprueban los expedientes AFO de habitabilidad, y no legalizan nada, siendo concejal portavoz del PP su hermano, José María Llamas, conocedor de todo el trámite por su cargo. ¿Y ahora quieren que 17 años después seamos responsables nosotros? No cuela ni por el filtro del peinado más fino».
La alcaldesa de Cantoria defiende la total imparcialidad de su equipo gestor y recuerda que «no cabe en ninguna cabeza que se le pueda imputar a un secretario o a un técnico del Ayuntamiento de Cantoria un olvido deliberado de una sentencia de derribo, cuando existen más de quinientos reparos a Pedro Llamas precisamente por parte de ese técnico. No se sostiene que el secretario que sí requiere al alcalde machaconamente el cumplimiento de las sentencias olvide esa deliberadamente. No tiene sentido porque sencillamente no estaba. Y mucho menos sentido tiene que nosotros, que llegamos en 2015, tuviésemos el más mínimo conocimiento de los tejemanejes de Pedro Llamas, quien, no olvidemos, está inhabilitado para lo que le quede de esta vida y tres más», afirma.
Desde el equipo de gobierno de Cantoria se tiene la absoluta certeza de la poca viabilidad de cualquier acusación contra ellos por parte del PP: «Lo están intentado todo; solo este año podemos tener unas diez denuncias anónimas que llegan precisamente al mismo Seprona al que pertenecía el concejal y asesor de la Diputación. La última, para que nos hagamos una idea, es una investigación sobre la posible responsabilidad del Ayuntamiento por el estado de ruina del Palacio de Almanzora, del que tenemos alrededor de un 12 % de titularidad porque Pedro Llamas (PP) lo compró sin expediente alguno. Pues bien, por esos hechos a él sí se le pide, desde Fiscalía, pena de cárcel por malversación, además de otros tantos años por prevaricación. Pero, como digo, es a nosotros a quienes se investiga ahora desde el Seprona de la Guardia Civil de Almería por una supuesta denuncia anónima, investigada desde el mismo grupo al que pertenecía el asesor nombrado por Javier Aureliano García (PP) para asistir a Óscar Liria (PP) en la comarca. Quiere decir esto que, si hablamos de suposiciones o extrañas relaciones, el PP de Almería no está para dar lecciones a nadie», concluye la alcaldesa.