Cinco meses sin agua, aseándose como han podido, ha sido la consecuencia que una familia del municipio de Fines ha sufrido, al parecer, para forzarlos a abandonar la vivienda que alquilan, -con opción a compra-, dándose la particularidad que el padre y cabeza de familia se encuentra de baja laboral desde junio pasado por problemas de corazón y en la vivienda residen dos menores de 7 y 3 años respectivamente.
Así lo asegura a La Comarca Noticias, el letrado Juan Antonio Avellaneda, quien es el representante legal de esta familia que vive en Fines y que después de cinco meses han logrado que le restituyan el contador de agua.
Supuestamente los inquilinos se habían atrasado en el pago del alquiler del inmueble (el cabeza de familia tiene problemas cardiovasculares) y se inició un proceso de desahucio que la jueza de Purchena suspendió por tratarse de una familia en «situación de vulnerabilidad».
Según recoge la denuncia interpuesta por la inquilina en el cuartel de la Guardia Civil de Olula del Río a la que ha tenido acceso La Comarca Noticias, el pasado 30 de septiembre, se aportó el contrato de arrendamiento con opción a compra del inmueble que habitan y el recibo del agua a nombre del inquilino. El recibo está al corriente del pago. En el expediente también figura el informe que acredita la situación de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales Comunitarios del Mármol por lo que el Juzgado de Purchena suspendió el desahucio.
La denuncia consultada por La Comarca, recoge textualmente que la persona denunciada «supuestamente en estado de impotencia, ha dado de baja el suministro de agua y ha solicitado presuntamente a Galasa, la retirada del contador con la intención de perjudicar a la denunciante y obligarla ilícitamente a abandonar la vivienda junto con sus hijos menores», mientras su marido se encuentra en Marruecos.
Los Servicios Sociales Comunitarios de la zona del Mármol, determinan que «la familia no dispone de agua corriente, suministro básico para mantener las condiciones higiénicas de la vivienda y de los ocupantes de esta, entre ellos dos menores de edad, los cuales necesitan cubrir las necesidades de aseo básico para acceder diariamente al centro escolar en condiciones adecuadas y para garantizar unas condiciones de salud personal y del entorno adecuadas».
En su declaración el día 28 de noviembre de 2022, la madre de los pequeños se ratificó en la denuncia, reclamando a la justicia las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle. «Dice que hace mucho frío, tiene dos hijos que para ducharse hay que ir calentando el agua, que lava la ropa a mano y que lo que pide es que le devuelvan el contador de agua», según se desprende de la declaración a la que ha tenido acceso este medio.
Según Juan Antonio Avellaneda, el letrado que representa a los denunciantes por supuestas coacciones, «el caso está en un procedimiento de diligencias previas y se está investigando quién fue la persona que ordenó la retirada del contador de agua y quién firmó la orden en la empresa Galasa para que se retire el contador. Ya ha declarado la propietaria de la casa el pasado mes de enero y su marido está citado a declarar el próximo 19 de abril. La jueza ha requerido a Galasa también que identifique al operario que procedió al corte».
«Los propietarios de la vivienda en lugar de esperar a que su reclamo se resuelva mediante la vía civil, han tomado la justicia por su mano. En mi opinión ya no es solo una cuestión de coacciones sino también de inhumanidad. Ordenan la retirada del contador para obligar a los inquilinos a que se vayan de allí. Ahora la jueza ha ordenado la restitución del contador de agua. Está claro que los propietarios tienen que defender su propiedad, pero existen los caminos legales para que ese derecho se haga valer. Lo que no pueden hacer en ningún caso es tomarse la justicia por su mano», asegura el abogado Juan Antonio Avellaneda quien accedió a entrevistarse con La Comarca Noticias.